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Lamsac podría pagar millonaria reparación por alza de peajes
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Fecha Actualización
La compañía Lamsac podría pagar una millonaria indemnización al Estado peruano si en el juicio que ahora se iniciará, el procurador ad hoc Jorge Ramírez demuestra que tuvo responsabilidad en la cuestionada alza de peajes que se aplicó en la ruta vial conocida como Línea Amarilla.
Ayer, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema concluyó que la empresa, que antes pertenecía a la brasileña OAS, sea incluida como tercera civil responsable en el proceso que afronta el exgerente de Promoción de la Inversión Privada de la Municipalidad de Lima, Domingo Arzubialde Elorrieta. Es decir, que ambos paguen una reparación civil que, por el momento, asciende a más de S/17 millones.
Arzubialde, quien ejerció el cargo durante la gestión de la detenida exalcaldesa Susana Villarán (2010-2014), fue condenado a cuatro años y cuatro meses de prisión al ser hallado culpable del delito de negociación incompatible.
De acuerdo a la sentencia, el exservidor villaranista modificó la fórmula de reajuste de tarifas a propuesta de Lamsac y aprobó su ejecución a partir de 2012. Entre ese año y 2014, cuando culminó la administración de Villarán, el precio pasó de S/3.00 a S/4.00.
Ello permitió que la firma se vea beneficiada con un incremento de ingresos a partir de la recaudación del cobro de peajes instalados en cinco puntos de la ciudad: Ramiro Prialé, Santa Anita, El Pino, Separadora y Monterrico.
En la sentencia que condenó a Arzubialde se indica que el planteamiento de Lamsac fue “unilateral” y el exgerente no hizo el control debido de acuerdo a sus funciones. “A sabiendas de su ilegalidad, (Arzubialde) autorizó el inicio de explotación de la obra”, se lee en el documento.
Si bien este es un caso aparte, es necesario recordar que la compañía OAS reconoció ante la Fiscalía que aportó US$3 millones ilícitos para financiar la campaña contra la revocatoria de Susana Villarán, que precisamente tuvo lugar entre 2012 y 2013.
Según la hipótesis del equipo especial Lava Jato, la exburgomaestre accedió en 2013 a aplicar una adenda al contrato de Línea Amarilla a cambio de los millonarios abonos de la constructora.
Esa adenda permitió que OAS ampliara de 30 a 40 años el cobro de peajes.
LAS RAZONES DE LA CORTE
La resolución del tribunal, que fue leída ayer por el juez supremo César San Martín, aclara que no se ha establecido aún una responsabilidad por parte de Lamsac, pero que su conducta se ajusta a lo estipulado por los Códigos Penal y Civil.
Uno de los criterios invocados es que cualquier persona, sea natural o jurídica, que tenga responsabilidad civil conjuntamente con el investigado podrá ser incorporada en un proceso.
Otro argumento de la sala es que una persona está comprometida en un caso cuando incita o ayuda a causar el daño, que es la hipótesis planteada por la Procuraduría ad hoc.
En esa línea, los jueces alegaron que la conducta delictiva de Domingo Arzubialde generó un beneficio a Lamsac en perjuicio del Estado y que para ello existió entre ambas partes “un vínculo jurídico”.
Tras concluir la audiencia, el procurador Ramírez declaró a la prensa que evalúa incrementar la cifra de reparación civil postulada, y que supera los S/17 millones.
“Por estrategia de defensa no vamos a revelarlo (el monto) en este momento, podemos revaluarlo ya que la empresa ha sido incorporada en el proceso”, sostuvo.
Lamsac, que ahora está en manos de la francesa Vinci, comunicó a través de un pronunciamiento que utilizará todo recurso legal para demostrar que no tiene responsabilidad en lo que se le imputa.
En comunicación con Perú21, desde la compañía indicaron que la fórmula aplicada al incremento de la tarifa de peajes es correcta y que esa postura también la defenderán en Estados Unidos, donde la Municipalidad de Lima los demandó ante un tribunal arbitral (ver recuadro).
El alcalde Jorge Muñoz ya comunicó que resolverá el contrato con la Línea Amarilla y que recurrirá a los fueros internacionales para tomar la administración de los peajes a la brevedad.
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JORGE MUÑOZ VIAJARÁ POR ARBITRAJE
El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, y otros cinco funcionarios viajarán a Estados Unidos para estar presentes en la audiencia en la que se evaluará la demanda arbitral que interpuso la comuna que encabeza contra Lamsac por el alza de tarifa de los peajes.
Mediante acuerdo del concejo municipal, publicado ayer en el diario oficial El Peruano, se aprobó que los seis funcionarios de la municipalidad se ausenten de sus funciones entre el 7 y 13 de setiembre, días en los que participarán en las diligencias programadas en Miami.
En la resolución se indica que la presencia de Muñoz y de los demás participantes responde a un requerimiento del estudio Foley Hoag, que defiende al Estado en ese proceso, para que expongan el contexto de los hechos, los detalles del contrato, los intereses involucrados y exhiban las pruebas que demostrarían el incremento ilegal de precios. Se indica que la presencia del alcalde es indispensable como máxima autoridad del municipio limeño.
En esta última diligencia, que se realizará el 12 de setiembre, estará presente el procurador ad hoc Jorge Ramírez. Perú21 conoció que Ramírez explicará el caso del condenado exgerente Domingo Arzubialde para consolidar la defensa del Perú ante el tribunal arbitral.
Al retornar del viaje, los servidores municipales deberán elaborar un informe detallado de lo realizado.
TENGA EN CUENTA
- El alcalde Jorge Muñoz informó que anular los contratos de peajes, después de acudir a tribunales internacionales, costaría a la municipalidad una inversión de S/1,520 millones.
- El primer contrato por la Línea Amarilla se firmó en 2009, durante la segunda gestión del exburgomaestre Luis Castañeda Lossio.
- La Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso halló responsabilidad en Castañeda y Villarán.
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