Minería: prevén un 2023 con más conflictos sociales

“La conflictividad debería continuar subiendo. La producción de los metales ha caído, los resultados de las mineras creemos que se verán afectados por esta mayor conflictividad”, explicó Romero.

Al escenario previsto para 2023 se sumaría una caída de precios internacional a pesar de la recuperación observada en los últimos meses.

“En el primer trimestre hubo un ‘colchón’ gracias al aumento de los precios de los commodities, que han venido recuperándose nuevamente en las últimas semanas. Creeríamos que esos precios podrían caer un poco debido al decrecimiento económico a nivel mundial y, por otro lado, la producción debería mantenerse relativamente afectada. Solamente Quellaveco probablemente pueda aguantar, dado que es una nueva operación, pero, dentro de todo, el próximo año por lo menos no estamos recomendando el sector minero para inversión”, explicó el analista de Renta 4.

Otro aspecto que considerar son las nuevas autoridades regionales que iniciarán funciones en pocas semanas y qué tanto puedan contribuir o no a reducir la conflictividad y estar a favor de la minería.

En una mirada a los resultados de la segunda vuelta de elecciones en las regiones, Renta 4 recordó que estos pueden tener un efecto en el manejo de la conflictividad e influir en las acciones de las compañías mineras.

Romero explicó el caso de Cusco, donde hay operaciones como Antapaccay y Constancia, de Glencore y Hudbay Perú. En dicha región, precisó, ganó el candidato que se consideraba menos positivo, pues el otro, Edy Cuellar, presidente de la Cámara de Comercio de Cusco, tenía una postura clara a favor de destrabar el Corredor Minero del sur.

“Él (Cuellar) era visto favorablemente por el mercado, pero el otro, que terminó ganando, Werner Salcedo, es visto como virtualmente neutral hasta el momento (…). Como no ganó el que estaba a favor del destrabe, termina quedando un poco gris la situación”, comentó.

Otro escenario similar se observa en Cajamarca, donde el virtual ganador es Roger Guevara, de Somos Perú. Si bien en este caso no hubo un pronunciamiento del candidato en contra del sector, sí hubo una acusación contra este respecto a que habría estado involucrado en el caso Conga. “Al final es algo que solo acabó en acusación y no vemos algo que pueda afectar a Newmont, que está ahí con Yanacocha”, dijo.

Para el exviceministro de Minas Rómulo Mucho, la mejora de la gestión de los conflictos sociales no solo recae en el gobierno nacional, sino en las autoridades regionales.

“También deben involucrarse (...). En los conflictos sociales se pide mucho a Lima, pero los gobernadores regionales poco han hecho. Las Bambas ha perdido bastante, Apurímac ha perdido bastante; no tanto Cusco”, aseveró.

-Hasta octubre, la Defensoría del Pueblo registraba 218 conflictos sociales, los cuales aumentaron en 20 casos respecto al mismo mes de 2021 y vienen en ascenso desde mayo de este año (205).

-Del total de conflictos, 141 son de tipo socioambiental y la mayoría están relacionados con el sector minero, donde se identifican 94 casos, que representan el 66.7% del total, y de ese grupo 73 se encuentran activos y 21 están latentes. Cusco tiene 20, Cajamarca tiene 10 y Moquegua 6.