Las elecciones generales costarían S/1,687 millones, ¿y con Constituyente?

Sin embargo, la norma señala que la convocatoria a elecciones generales debe hacerse con una anticipación no menor a doscientos setenta (270) días de la fecha del acto electoral.

Además, el proyecto menciona la necesidad de elecciones internas para los partidos políticos y otro plazo flexible de entre 60 y 90 días para realizar un referéndum (en caso de no contar con los 87 votos en el Congreso), sin olvidar, por último, que se tiene en agenda la realización de las elecciones complementarias para el próximo año.

En este contexto, vale la pena plantearnos la siguiente interrogante: ¿cuánto le costará al contribuyente la factura de la inestabilidad?

Considerando la experiencia más cercana de unas elecciones generales, podríamos utilizar como referencia el proceso llevado a cabo en abril de 2021, en el que la inversión del Estado para garantizar que todos los peruanos pudieran tener acceso fue de S/1,183 millones –sin tomar en cuenta el presupuesto de las elecciones congresales extraordinarias (ECE)–, monto que incluye los presupuestos aprobados para la ONPE y el JNE en los periodos de 2020 y 2021, cubriendo así los requerimientos de logística, actividad y transferencia a los partidos políticos, según dicta el reglamento.

Particularmente, en el presupuesto de 2020 se consideraron los preparativos y actividades previas que marcaron la hoja de ruta de las elecciones generales de 2021, dividiéndose en S/62 millones para el proceso electoral y S/174 millones correspondientes a todo el funcionamiento.

Con respecto a 2021, el presupuesto se dividió en S/648 millones para el proceso electoral y casi S/300 millones para el funcionamiento de las elecciones generales.

Ahora bien, si cambiamos la referencia y evaluamos el presupuesto aprobado en las recientes elecciones regionales y municipales, añadiendo también lo programado para 2023 –inversiones en tecnología, logística y elecciones complementarias–, fácilmente el costo de estas próximas elecciones generales podría llegar a los S/1,687 millones.

¿Y si incluimos una hipotética Asamblea Constituyente? Este innecesario capricho le costó a Chile aproximadamente S/638 millones –entre el proceso electoral y el funcionamiento de la Convención–, dinero que se sumaría al costo estimado de las elecciones generales, donde la factura a pagar por el contribuyente peruano ascendería como mínimo a los S/2,325 millones.

Sin embargo, es importante distinguir entre las elecciones generales sin Asamblea Constituyente y con Asamblea Constituyente. En el primer caso, su costo se justifica bajo el escenario actual, marcado por una profunda necesidad de resolver la inestabilidad política y social que atraviesa el país, en cuyo caso será prioritario incluir reformas políticas que mejoren la representatividad nacional, a fin de que no se repitan los constantes cambios en el sistema político que tanto han perjudicado al Perú desde 2016.

En el segundo caso, en el que se incluye la realización de una Asamblea Constituyente, debemos ser conscientes de que esta tendría plenos poderes, con la posibilidad absoluta de disponer de cuantos recursos públicos considere necesarios, elemento más que suficiente para ya anticipar un panorama muy oscuro en el país.

Un estudio de Videnza Consultores en 2021 mostró que los planes de gobierno de Perú Libre –máximo exponente de la Asamblea Constituyente– tendrían un costo fiscal de casi S/124 mil millones (16.5% del PIB), nivel que indudablemente ahuyentaría al sector privado y multiplicaría la pobreza.

El Perú ha tenido seis presidentes en seis años y, aunque esta afirmación pareciera sacada del título de una serie, la realidad seguirá superando a la ficción.

Para ponerle fin a esta oscura historia, será necesario llevar a cabo reformas profundas que cambien las reglas del juego y permitan aumentar la representatividad, pues el descontento hacia las instituciones del Estado supera el 80%, nivel que vulnera el sistema democrático.

Por ello, no basta con solo adelantar las elecciones generales. Antes se deben aprobar reformas políticas, que propongan al país: i) reelección parlamentaria para no seguir apostando por improvisados; ii) elecciones de medio mandato que permitan premiar o castigar el desempeño de los congresistas; iii) inclusión de distritos uninominales para mejorar el vínculo de representación entre autoridades y ciudadanos; iv) bicameralidad para hacer más eficientes las leyes y evitar la concentración de poder; v) criterios mínimos para mejorar la oferta de partidos y de candidatos, evitando perfiles con antecedentes cuestionables.