Gobierno retirará demandas ante el TC sobre la eliminación del régimen CAS y la negociación colectiva

Como se conoce, el Congreso anterior aprobó la Ley Nº 31131 que elimina progresivamente el régimen CAS e incorpora a los trabajadores a la planilla de las instituciones del Estado, así como la Ley Nº 31188 que regula la negociación colectiva en el Estado. Sin embargo, el gobierno del expresidente Francisco Sagasti presentó demandas de inconstitucionalidad contra dichas normas ante el TC, debido a los sobrecostos y los potenciales impactos negativos en el erario nacional.

Según expuso el ministro Maraví en la Comisión de Trabajo del Congreso, su portafolio tiene una agenda con 19 puntos a cumplir en el corto y mediano plazo. Dos de estos puntos son los retiros de las mencionadas demandas de inconstitucionalidad.

“Estos dos puntos tienen que ver con el sentir de la clase trabajadora de retirar la demanda. Es un tema muy discutible, considerando que ya estás demandas están admitidas en el Tribunal Constitucional”, dijo Maraví ante los legisladores.

Además, el titular del MTPE señaló que aún están vigentes las normas, por lo que queda pendiente que se elabore sus reglamentos.

La Ley Nº 31131 que elimina el CAS y plantea incorporar al régimen laboral DL 728 a los trabajadores que se encuentren en este régimen, según se indicó en la demanda, vulnera las competencias del Gobierno en materia de administración de la Hacienda Pública y gestión de los recursos humanos en el sector público.

Con los 286,000 trabajadores que se encuentran en régimen CAS, se estima que la ley implicaría un costo no previsto de S/ 3,600 millones para el presupuesto público.

En tanto, la Ley N° 31188 plantea un cambio en la negociación colectiva de las organizaciones sindicales en el sector público, lo cual podría implicar solicitudes sin límites de estos trabajadores.

De acuerdo con la demanda, se informa que el costo que traería consigo la aplicación de la mencionada ley, ascendería a S/ 6,228 millones, dado que no se establecen medidas que permitan armonizar el presupuesto público con las propuestas de modificaciones a las remuneraciones de los trabajadores estatales.