Gobierno amplía hasta el 31 de octubre el plazo de compra y entrega de urea a productores agrarios

La medida fue oficializada hoy mediante Decreto de Urgencia Nº 019-2022 publicada en normas legales del Diario El Peruano, y lleva la firma del presidente, Pedro Castillo, y ministros de Estado, entre ellos el titular del Midagri, Andrés Alencastre.

La norma extiende hasta el 31 de octubre de 2022 los plazos para adquirir en el mercado internacional la urea y garantizar su entrega a las organizaciones de productores agrarios y productores agrarios individuales, durante el inicio de la campaña agrícola hasta por la suma de S/ 348.8 millones. La vigencia de compra del anterior Decreto de Urgencia (013-2022) vencía el 15 de agosto.

Del mismo modo, se autoriza al Midagri, a través de Agro Rural, la implementación de las actividades de operación logística, soporte de la entrega y distribución nacional del fertilizante nitrogenado urea, a fin de asegurar la provisión de este insumo al agro.

Para ello, las contrataciones de los bienes y servicios que resulten necesarias para la implementación de las actividades de operación logística, soporte de la entrega y distribución previstas en el numeral 2.3 de la presente norma, que comprende la planificación, almacenamiento, transporte, distribución y monitoreo del proceso de la entrega del fertilizante, quedan excluidas de la aplicación de lo dispuesto en la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.

Asimismo, el presente Decreto de Urgencia amplía hasta el 15 de diciembre de 2022, la incorporación de nuevos productores al Padrón de Productores Agrarios (PPA). A la fecha se han registrado 435,000.

Además, se autoriza a las entidades públicas a otorgar en afectación en uso, previa solicitud del programa Agro Rural, los bienes muebles o inmuebles, de su titularidad o afectados en uso a su favor, para el desarrollo de las operaciones que se deriven de la presente norma.

Agro Rural asumirá los gastos y realizará las acciones necesarias para la adecuación, implementación, y operación de los bienes afectados. Las entidades públicas, titulares de los bienes, o instituciones afectatarias originales, según corresponda, realizarán el mantenimiento general de los mismos y de las áreas comunes, según corresponda; y además el pago de los servicios básicos respectivos.