Anarquía al sur del Perú: Un suicidio económico

Los múltiples conflictos han sido denunciados por la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), quien manifestó su preocupación ante la pérdida del principio de autoridad por parte del gobierno.

En este contexto, una vez más la mina Las Bambas se ve obligada a paralizar su producción, debido al bloqueo de carreteras en la región Cusco y a la imposibilidad de extender operaciones en Apurímac por toma de tierras.

Solo la paralización que ha tenido Las Bambas en este 2022 (57 días) generó pérdidas por US$615 millones. Si nos limitamos a evaluar el impacto sobre la región de Apurímac, encontraremos que las pérdidas en la recaudación ascendieron a US$45.5 millones, equivalentes al 80% de su presupuesto de protección social.

Asimismo, los conflictos sociales estarían perjudicando a más de 75 mil trabajadores directos e indirectos relacionados a Las Bambas y ubicados entre las regiones de Apurímac y Cusco. Si, en paralelo, consideramos todos los empleos que podrían verse afectados a lo largo del Corredor Minero, debido a la violencia, estarían en riesgo 2.6 millones de peruanos.

Otro foco de violencia se desarrolla en la provincia de Espinar, ubicada en Cusco, donde la compañía minera Antapaccay sufre de hostigamiento por parte de una minoría de “representantes”, que aducen un supuesto incumplimiento de la empresa por un bono de S/2,000.

Mientras todo esto ocurre en el Corredor Minero del Sur, en la región de Ayacucho se concentra la violencia en la unidad minera Inmaculada de la empresa Hochschild, donde cerca de 30 comuneros ingresaron ilegalmente a las instalaciones que albergaban a más de 1,700 trabajadores.

El evidente rechazo del sector privado para invertir en la actividad minera del país crece, hecho que nos llevará a cerrar el 2022 con una caída en la inversión minera del 3.7%, mientras que en 2023 el retroceso será peor, al alcanzar el 16.2%.

Si consideramos que nos encontramos en el mejor escenario posible para la minería, donde se combinan precios altos y demanda de metales, aquí no hay más responsable que el gobierno de turno.

Con un gobierno que proteja y brinde garantías al sector privado, el ritmo de crecimiento debería estar entre 5% y 6%, niveles que contribuirían a generar más de 140 mil empleos directos.

Uno de los problemas que enfrenta la minería se vincula a la titularidad de los predios, que muchas veces están a nombre de comunidades campesinas, quienes dificultan la transferencia y su uso.

Un caso emblemático sucede en Apurímac con la operación minera Las Bambas, donde, a pesar de haber llegado a un acuerdo de compra-venta de tierras comunales –teniendo incluso la inscripción de registro público–, el traspaso de propiedad por parte de los comuneros es irreal.

En este escenario urge revivir la institución jurídica de Servidumbre Administrativa Minera, que –en teoría– impone subordinación del predio superficial a la concesión minera. Sin embargo, en la práctica, tampoco funciona. De las 348 solicitudes de servidumbre administrativa minera presentadas a la fecha, solo se han otorgado seis, es decir, menos del 2%.

Ante ello, el abogado Jean Osorio Colqui propone modificar el artículo 70 de la Constitución, incluyendo en el texto facultades para Servidumbre Administrativa Minera. Osorio señala que “dotar de un apoyo y soporte constitucional a la Servidumbre Administrativa Minera significaría otorgar potestades a las autoridades para su imposición, promoviendo la actividad extractiva en un marco de libertad, eficiencia técnica y seguridad”.