Este es el argumento con el que Shakira se defenderá en proceso por fraude fiscal

Shakira declaró este jueves como imputada ante un juzgado de Esplugues de Llobregat, ciudad ubicada en las afueras de Barcelona, España, que la investiga por un presunto fraude fiscal por evadir impuestos por US$14,5 millones de euros entre los años 2012 y 2014.

Según informa el diario 'La Vanguardia', la acusación fiscal en la que se basa la denuncia señala que Shakira pasó más de 183 días en España en el periodo que está en investigación; sin embargo, ella aduce que tenía residencia en Bahamas y que no se instaló en el país ibérico hasta 2015.

Ley española, indica el medio catalán, estipula que si una persona pasa más de la mitad del año en este país está obligado a liquidar sus tributos ante la Agencia Tributaria y pagar el impuesto de la renta (IRPF) por los ingresos que ha generado en todo el mundo. De lo contrario, sólo paga impuestos por lo ingresado en España.

-La defensa de Shakira-

La cantante aseveró que escolarizó a su hijo mayor, que nació a principios de 2013 en Barcelona, a finales de 2014. Y que no fue hasta 2015, año en que dio a luz a su segundo hijo, cuando finalmente decidió fijar su residencia en España, ya que hasta entonces solo realizó visitas puntuales al país debido a su relación sentimental con el futbolista del Barcelona Gerard Piqué.

Shakira justificó que sus ausencias de España no eran "esporádicas" —como señala la Fiscalía—, y trató de demostrar que realmente residía en el extranjero alegando su agenda de conciertos y su participación en el programa televisivo "The Voice" en Estados Unidos.

Si Shakira residió o no en España durante 183 días, entre 2012 y el 2014 , es el punto de controversia entre los fiscales y la defensa de la colombiana, y cada uno defenderá su postura en el proceso a fin de determinar qué impuestos debería afrontar.

-Potenciales escenarios-

A través de un comunicado divulgados por la prensa de España, el Sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha) estimó que Shakira podría enfrentarse a una condena de casi 46 millones y hasta 11 años de prisión, pero si llega a un acuerdo —un escenario muy probable—, sería sancionada con 26,8 millones de euros y una pena de 24 meses de cárcel.