Esta semana, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones anunció que no renovará el plazo de concesión solicitado por Telefónica del Perú respecto a los contratos de concesión que fueron suscritos en 1994 para los servicios de telefonía fija local (abonados y teléfonos públicos) y portador de larga distancia nacional e internacional.
Tras ello, la empresa sostuvo que la decisión del MTC, de no renovar dos de los contratos de concesión de telefonía fija y portador, no afecta la continuidad de los servicios de telecomunicaciones en el país.
Incluso, Telefónica recordó que en la actualidad, cuenta con 17 contratos de concesión para brindar distintos servicios públicos de telecomunicaciones: telefonía fija, móvil, larga distancia, Internet y TV paga, que garantizan el despliegue de sus servicios.
Ahora, la viceministra de Comunicaciones Virginia Nakagawa, dio más detalles sobre la decisión que tomó el MTC.
En entrevista con el diario Gestión, la funcionaria sostuvo que hay elementos contundentes que respaldan la decisión de denegar la renovación.
El que más peso tuvo fue que la empresa superó el umbral de incumplimientos establecidos por los propios contratos, por lo que el Estado tenía la prerrogativa de negarle la renovación del plazo solicitado. Se debe precisar que la empresa pedía la extensión de los contratos suscritos en 1994 del 2027 hasta el 2032.
Así, basados en informes del Osiptel, Telefónica registró 1,362 sanciones de carácter firme –entre el 01 enero de 2009 y 27 junio de 2014 que fue el periodo de evaluación– de los cuales 777 sanciones fueron de normativa sectorial y 585 de leyes de Perú.
La viceministra explicó que Telefónica cruzó el umbral del 80% de incumplimientos –como lo establece el propio contrato– por lo que no procede la renovación del plazo solicitado.
En el Decreto del 2010 se especificaba que si la empresa pasaba el 40% promedio de penalidad, no se le renovaba el contrato; pero esta "regla" se cambio el 2018 y se indicó que si el rango de penalidades promedio estaba entre 40% y 80%, el Estado tendría la facultad de evaluar si le renueva o no, siempre que se comprometa con indicadores de calidad, mayor cobertura, entre otros beneficios.
"Pero en el caso de Telefónica ya ni siquiera está en ese rango, está mucho más. Lo que ha habido es un efecto de embalse dado que Telefónica durante otros periodos cuestionó judicialmente muchas de las sanciones que se le imponían, entonces llega un momento en el cual no hay plazo que no se venza, (por lo que) se emiten las decisiones, con lo cual ha tenido un alto grado de sanciones acumuladas. Eso lo que ha pasado", explicó.
Ademas, negó –tal como precisó en la víspera a través de un comunicado– que se "habrían producido cambios a las reglas del juego que afectarían los futuros procesos de renovación de los contratos de concesión de la industria".
"Ninguna de estas renovaciones han sido impugnada, ni tampoco la metodología usada ha sido cuestionada a nivel del Poder Judicial. No obstante, la empresa está en todo su derecho de reclamar y nosotros tenemos toda la documentación para contestar", precisó la viceministra.