Un total de 62 conflictos activos en el sector minero han generado preocupación en la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE). Tales casos, según datos de la Defensoría del Pueblo a julio de este año, son de carácter socioambiental y representan el 66.7% del total de conflictos a nivel nacional.
Al respecto, Pablo de la Flor, director ejecutivo de la SNMPE, indicó que la conflictividad social guarda una relación cercana con el aumento de la producción minera, la disponibilidad del canon y una mala distribución de estos recursos.
“Cuando hay más producción minera, se pagan más impuestos y la mitad se transfiere a las regiones (canon y regalías). Esto está generando un conflicto distributivo en las localidades”, explicó.
Un ejemplo, expuso, es que, según el Ministerio de Economía, los recursos usados en obras de cultura y deportes son el 5% del canon ejecutado, mientras que solo el 4% se gasta en salud. Un mejor uso se da en transportes, con 22%, mientras los gastos en educación y saneamiento significan 13% y 11%, respectivamente.
Otros factores que contribuyen a los conflictos y que deberían ser atendidos, según De la Flor, son el incumplimiento de acuerdos, la desconfianza por demandas no resueltas, la mala comunicación entre empresas y las comunidades, y la poca transparencia de las autoridades al usar los recursos.
Tenga en cuenta
Según la SNMPE, Arequipa es el principal productor de cobre del Perú y Matarani es el puerto más importante de exportación de este mineral. Además, el 40% del PBI de la región proviene de la producción minera.