Un forado de S/18,000 millones en la caja fiscal en plena crisis y un sistema previsional debilitado es lo que dejaría la irresponsable medida de devoluciones de aportes a la ONP, que fue aprobada por el Congreso pasada la medianoche del lunes. La iniciativa dispone un pago único de S/4,300 a millones de aportantes y de S/930 a miles de jubilados.
El economista y profesor de Pacífico Business School, Jorge Carrillo, explica que la descomunal cifra debe ser tomada como referencia porque no es posible estimar todos los aportes realizados.
“No hay información cierta sobre cuánto se va a retirar por persona. Cualquiera de los 4.7 millones de aportantes podría retirar hasta una UIT (S/4,300), pero no se sabe cuántos tienen aportes por el valor de una UIT ni cuántos han aportado menos que eso”, comenta.
La falta de sustento técnico, el impacto en los recursos para el pago de pensiones, el alto gasto que puede generar en el tesoro público y, principalmente, el hecho de que se trate de una iniciativa de gasto, que no corresponde al Parlamento, serían motivos suficientes, según Carrillo, para que el Poder Ejecutivo observe la iniciativa.
Inconstitucional
La ruta que seguirá la autógrafa es clara: luego de haber sido aprobada en el Pleno, llegará a manos del Ejecutivo. Este ya afirmó que la observará y la devolverá al Parlamento para que se apliquen las modificaciones correspondientes.
Una posibilidad es que el Legislativo implemente los cambios y la otra es que apruebe la norma por insistencia. De suceder esto, lo que se prevé es que el Gobierno lleve el caso ante el Tribunal Constitucional (TC).
“Sería un disparate pretender pagar S/18,000 millones de una forma totalmente antitécnica, con un bono extraordinario que no tiene ni pies ni cabeza. Esto es inconstitucional porque no tiene ningún criterio de estabilidad financiera, como lo pide nuestra Constitución para cualquier modificación pensionaria”, dijo Carrillo.
A ello agregó el mal precedente que deja el intento del Legislativo por legislar en un ámbito que no le corresponde.
“El Congreso está diciendo (al Ejecutivo) que gaste, pero este no tiene iniciativa de gasto. Así que esto va a caer de maduro (si llega al Tribunal Constitucional)”, comentó.
Una postura similar expresó el abogado constitucionalista Samuel Abad. “No hay duda de que el Congreso no puede modificar el presupuesto público y este tema aprobado lo modifica, pero, además, el Congreso, con esta aprobación de la ley, está afectando la pensión porque los fondos vienen del presupuesto de la ONP, y al disponer la devolución del 100%, eso va a impedir que tenga el fondo necesario para solventar las pensiones. O sea, esto también afecta a las pensiones de las personas que, en su momento, la obtendrán”, resaltó Abad.
Los comentarios de Abad hacen referencia a cómo funciona el Sistema Nacional de Pensiones. Este, a diferencia de las AFP, no consiste en la acumulación de aportes en cuentas individuales, sino en un sistema de contribución solidaria. Es decir, un sistema en el que las contribuciones que hoy realizan los aportantes sirven para pagar las pensiones de los actuales jubilados, un ciclo que volverá a repetirse cuando los referidos afiliados se jubilen. Una situación que los parlamentarios fueron incapaces de observar.
Ley que no está vigente
Un aspecto importante a tomar en cuenta es que si bien el Congreso aprobó la iniciativa legislativa, ello no significa que esta haya entrado en vigencia. Para que eso suceda, deberá ser promulgada y publicada en el Diario El Peruano.
Debido a esto, la ONP informó lo siguiente: “Se informa a nuestros afiliados que la iniciativa, aprobada por el Congreso, todavía no es una ley vigente. Cualquier beneficio que se formalice a favor de los afiliados o pensionistas será comunicado por nuestros canales oficiales”.
En ese sentido, Carrillo sugirió a las personas que ni siquiera se acerquen a las oficinas de la ONP a preguntar, pues la autógrafa aún no ha sido aprobada ni observada.
“Con todo esto, le generan una ilusión a la gente, quizás por querer cumplir con una campaña y así recibir los aplausos. Al final se genera una falsa expectativa a la gente, lo cual es preocupante”, advirtió el economista.
Tenga en cuenta
-La norma que aprobó el Parlamento también despertó la preocupación del Consejo Interreligioso del Perú. La entidad calificó la iniciativa como “un claro atentado contra el único sustento para cientos de miles de ancianos pobres”.
-“Invocamos por igual al Gobierno y a los partidos políticos con representación parlamentaria a consensuar una política pública para paliar las graves consecuencias económicas de la pandemia entre los más vulnerables, sin trastocar la solidaridad del sistema previsional”, afirmó la entidad.