Hasta el 19 de agosto, se registraron 4’279,792 solicitudes para el séptimo retiro de los fondos de la AFP, lo cual se tradujo en más de S/24,000 millones de desembolso. No obstante, de aprobarse la reforma del Sistema Pensiones (SP), este sería el último libre acceso de los afiliados, con miras a pensar en el futuro de las personas.
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Y es que el Congreso ya le dio luz verde a la reforma, cuya autógrafa recién firmaría el lunes, para que luego sea enviada al Ejecutivo para su aprobación u observación.
Sin embargo, y como era de esperarse, una facción del Parlamento, específicamente de la izquierda, ha alzado su voz en contra de la iniciativa, argumentando un beneficio inexistente para las administradoras de fondos de pensiones (AFP), pese a que la iniciativa permite el ingreso de más partícipes al mercado, como lo son bancos, aseguradoras, cajas, entre otros, con lo cual las AFP perderían la exclusividad.
Una de las propuestas que también destruye la postura de los opositores respecto al “proyecto a favor de las AFP” es la “comisión por desempeño”. De acuerdo con el artículo 24 de la propuesta, se aplicará una comisión por productividad que considera la rentabilidad del fondo administrado; es decir, los afiliados solo pagarán cuando la administradora les genere ganancias.
MÁS CAMBIOS
La reforma planteada por el Congreso también propone una pensión mínima de S/600 para quienes realicen, al menos, 240 aportes al Sistema Privado de Pensiones y no realicen retiros a partir de la entrada en vigor de la norma.
Asimismo, propone el aporte obligatorio para los trabajadores independientes, pero este se realizará de manera gradual. De esta manera, a partir del 1 de enero del tercer año posterior a la entrada en vigencia de la norma, se aplicará una tasa del 2%, la cual se incrementará en un punto porcentual cada dos años hasta un máximo de 5%.
Tal y como se destaca en el cuadro, se crea la pensión por consumo. De acuerdo con la norma, “el consumo total materia de cálculo de la pensión no debe exceder las 8 UIT anuales”.
Además, hay que tomar en cuenta que la propuesta amplía la cobertura del programa Pensión 65 para las personas en situación de pobreza, y ya no solo en pobreza extrema.
El exministro de Economía y Finanzas David Tuesta manifestó que, aunque la propuesta no es 100% buena, “es mejor de lo que se tiene ahora”. Explicó que “tampoco se puede hacer mientras se tengan altos índices de informalidad”.
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“Ahora el que aporta algo va a tener una pensión. Y, en cuanto al aporte por consumo, va a beneficiar principalmente a la clase media emergente”, resaltó.
Esta reforma, precisó el exfuncionario, requerirá el aporte también del fisco; sin embargo, señaló que ahora el Ejecutivo tiene que evaluar cómo solventar este costo sin que afecte el déficit.
Por su parte, el exjefe de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, Juan José Marthans, manifestó que es “falso” cuando algunas voces señalan que la reforma pone en riesgo los recursos de los afiliados.
“Los fondos, independientemente de quién los administre, son intangibles”, manifestó y destacó la posibilidad de que ingresen nuevos participantes con la finalidad de que se reduzcan las comisiones y se beneficie a los afiliados.
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