¿Qué acciones debe tomar el próximo gobierno para hacer compatible el empleo y los derechos laborales?

Mientras Keiko Fujimori de Fuerza Popular ha prometido que creará dos millones de puestos de trabajo tras reactivar varios proyectos de inversión paralizados, Pedro Castillo de Perú Libre asegura que promoverá actividades con mayor capacidad de generar empleo como la agricultura y la industria.

Pero más allá de prometer la generación de un determinado número de puestos de trabajo, Luz Pacheco, jurista y docente de la Universidad de Piura (UDEP), asegura que el nuevo gobierno debe centrarse en hacer compatible el empleo con los derechos laborales.

“Desde que comenzó la emergencia sanitaria, la situación laboral de muchos peruanos entró en crisis y, con ello, se agudizó la tasa de desempleo e informalidad en el Perú. A más de un año de la pandemia y a puertas de tener un nuevo gobernante del país, hay retos que siguen pendientes en cuanto al derecho del trabajo y de cara al bicentenario”, señala.

En ese sentido, para la laboralista, el nuevo gobierno debe hacer compatible la promoción del empleo con los derechos laborales fundamentales para que aseguren un trabajo decente. ¿Cómo? Afirma que para empezar es necesario distinguir entre el empleo que ofrece la administración pública y la empresa privada.

“Para ubicarnos en un contexto actual, EsSalud reportó que la mayor cantidad de contagiados de COVID-19 se encuentran trabajando en la administración pública; en segundo lugar, los que prestan servicios de vigilancia y seguridad; y, en tercer lugar, los que brindan servicios de salud, tanto en hospitales como en clínicas. Esto revela que, además de no establecer un protocolo de bioseguridad adecuado, el empleador no está respondiendo de manera responsable”, explica.

Frente a este panorama, la docente de la UDEP sostiene que es indispensable que el nuevo gobierno establezca un organismo que garantice el cumplimiento de obligaciones en materia laboral en todo el sector público, tal como lo hace la Sunafil en el sector privado, ya sea extendiendo las prerrogativas de esta entidad o creando otra.

“Debemos tener claro que la Sunafil es autónoma y podría tener la jurisdicción sobre la administración pública, que es donde se cometen los mayores abusos. Pero también es necesario que en el campo de las labores de vigilancia se fiscalice con mayor detalle las condiciones en las que se desempeñan, porque los turnos de 12 horas sin posibilidad de descanso, por ejemplo, van contra todas las normas de respeto a la dignidad y derechos fundamentales”, indica.

Otra necesidad es poner de manifiesto los sistemas de contratación de trabajadores en los hospitales y clínicas, para analizar casos como la tercerización que, en muchas ocasiones, son figuras que permiten evadir el respeto a los derechos laborales fundamentales.

Y, considerando que en tiempos de pandemia y confinamientos, mantener una planilla de trabajadores sin despidos es un “gran logro”, el Estado debería analizar –indica– que de no percibir utilidades la empresa debería contar con un crédito contra el Impuesto a la Renta, y en caso las obtenga debería ser un deducible que se establezca de sus gastos, para disminuir el importe de ese impuesto.

“El Estado tiene que ser creativo para apoyar al empresario formal, en materia tributaria y premiar las buenas prácticas laborales, pues estos empleadores ofrecen seguridad y trabajo estable. Así existirá un incentivo económico para los empleadores formales que hayan mantenido el empleo a pesar de las duras circunstancias”, añade.

Aunado a ello, Luz Pacheco sostiene que se debe unificar en un Código de Trabajo las normas laborales que, actualmente, se encuentran desperdigadas. De esta manera –dice– se podrá evaluar si las diferencias de trato que existen en los regímenes especiales responden, realmente, a diferencias objetivas que las justifican.

Del mismo modo, la jurista sugiere “poner en marcha un seguro de desempleo eficaz y menos oneroso que la actual Compensación por Tiempo de Servicios (CTS)”, mediante la contribución estatal o la compensación –en la proporción debida– que evite las situaciones de pobreza y abandono de los desempleados.

Asimismo, propone que los sistemas de pensiones sean reformados integralmente para que las personas tengan una vejez en condiciones dignas y justas, proporcional a los años de aportación. “Es razonable que las AFP tengan utilidades, pero deben ser proporcionales a los beneficios que otorguen a sus afiliados, en particular, lo referente a la pensión mínima”, agrega la especialista en derecho laboral.