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Polémica por cuota para contratar personal con discapacidad
Obligarán a empresas privadas a contar con un 3% de trabajadores discapacitados. Confiep advierte que sueldos del resto de empleados podrían bajar debido a los sobrecostos.
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Gran preocupación en el gremio empresarial ha generado una de las normas de la nueva Ley General de la Persona con Discapacidad (Ley 29973), ya que obliga a las entidades privadas con más de 50 trabajadores a contar con un mínimo de 3% de personal con alguna discapacidad.
Hasta la fecha no había obligación de este tipo para dicho sector. Mientras que, para las compañías estatales, la ley eleva el porcentaje mínimo de 3% a 5%.
PUESTOS ARTIFICIALESEl presidente de la Confiep, Humberto Speziani, considera que la medida generará sobrecostos a las empresas pues en muchas actividades, sobre todo de riesgo, no es posible contratar a discapacitados.
"Se obligará a la compañía a crear puestos artificiales solamente para cumplir con la ley. Este sobrecosto de planilla afectaría al resto de trabajadores porque los sueldos podrían bajar", advirtió.
Agregó que la ley debió fortalecer la fiscalización para la no discriminación de trabajadores discapacitados cuando sí reúnan los requisitos para laborar en una empresa.
Al respecto, el congresista Jhon Reynaga, uno de los impulsores de la ley y presidente de la Comisión de Inclusión Social del Parlamento, admitió las críticas, pero refirió que estas podrían disminuir con la reglamentación de la ley.
"Podrían establecerse actividades de riesgo en las cuales el porcentaje sea menor o plazos para ir implementando la norma poco a poco", apuntó.
DATOS
- La Ley 29973 fue aprobada en junio por el Congreso, pero fue observada por el Ejecutivo: solicitaba que la 'cuota de empleo' solo rigiera para el sector público. Sin embargo, en diciembre, la ley fue aprobada por insistencia y sin este cambio.
- La ley fue publicada el lunes último y ya empezó a regir. Pero se dispone que el Ejecutivo elabore un reglamento, a más tardar, en cuatro meses.
- La Confiep enviará sugerencias al Ejecutivo para que el reglamento atenúe el impacto de la cuota.
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