Peluquerías y salones de belleza pagarían solo 8% por concepto de IGV

La iniciativa precisa que podrán acceder a este beneficio las personas naturales o jurídicas cuyas ventas anuales o facturación por la prestación de este servicio representen, por lo menos, el 60% de sus ingresos.

El dictamen contiene la opinión del Ministerio de Economía y Finanzas, el cual precisó que: “la experiencia nacional señala que medidas como la reducción del IGV no son efectivas”. “En el año 2022 se redujo el IGV a 8% para restaurantes y hoteles. En una muestra realizada, en los cinco meses, se observó que el 86% no redujo sus precios”, anotó e indicó que beneficiaría a “una fracción marginal”, porque el 84% de las empresas del sector pertenece al Nuevo RUS y no declara o paga IGV.

“El proyecto es regresivo, ya que beneficia en mayor proporción a las empresas de mayor tamaño. De aprobarse, solo un 3% de los beneficiarios se concentraría en el 50.1% de los contribuyentes con ingresos inferiores a 10 UIT (…). Generaría ‘enanismo fiscal’, ya que incentivaría a las empresas más grandes a reestructurar sus ingresos para acogerse a este beneficio”, se lee en el oficio del MEF.

Esta semana, el titular del MEF, José Arista, manifestó que, si se piden exoneraciones, no se puede solicitar más recursos porque no habría de donde sacarlo.

“Veo con preocupación muchas normas que se discuten aquí, en el Congreso, algunas se aprueban a nivel de comisión, las cuales generan exoneraciones tributarias, espacios tributarios que la verdad no creo que se justifican”, resaltó durante su presentación en la Comisión de Ciencia y Tecnología.

Hace unos días, el Pleno aprobó un proyecto que declara de interés nacional y de necesidad pública la creación de la zona franca de Chimbote, a fin de incorporar exoneraciones tributarias. Además, la fujimorista Rosangella Barbarán propuso que los parlamentarios que cursen maestrías o diplomados disminuyan su carga tributaria, bajo el argumento de que esto es una inversión no solo personal, sino en beneficio del país.

·El dictamen establece que el Ejecutivo deberá aprobar el reglamento en un plazo no mayor de 60 días contados desde la entrada en vigor de la norma.

·El presidente de la Comisión de Economía, César Revilla, aseguró que buscan la formalización de empresas.