La demora del Estado en entregar los terrenos al concesionario de la Red Vial N° 4 Pativilca-Trujillo provocó un adelanto en el alza del peaje para los usuarios, que han asumido el pago de más de S/30 millones pese a no estar toda la infraestructura operativa. Así lo advirtió la Contraloría General de la República.
La concesión a la que se hace referencia es la Red Vial N° 4, que recorre el tramo Pativilca (Lima) – Santa (Áncash) – Trujillo y Salaverry (ambos en La Libertad). La auditoría fue practicada al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), al Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional (Provías Nacional), al Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte Público (Ositran) y a la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión).
“Como resultado de ello, según Informe de Auditoría de Cumplimiento N° 29441-2022-CG/APP-AC, cuyo período de evaluación va del 1 de abril de 2006 al 24 de junio de 2022, se detectó que ProInversión aprobó la versión final del contrato de concesión de la Red Vial N° 4 con plazos sin sustento para la entrega al concesionario de las áreas de terreno para la construcción de la segunda calzada y obras de desempate, y de la calzada actual con las obras de puesta a punto”, informó la Contraloría.
De acuerdo con el organismo, de la revisión efectuada por sus auditores a los documentos del proceso, no se advirtió la emisión de informes por parte de ProInversión que desarrollen el análisis que fundamente los plazos consignados en el contrato de concesión para la entrega de los terrenos, pese a que dicha entidad es la competente para diseñar dicho contrato y, por ende, debía verificar que las cláusulas cuenten con el sustento respectivo. También se advirtió que el MTC y Provías Nacional dieron su conformidad en torno a los plazos para entrega de las áreas de terrenos para la segunda calzada y obras de desempate, así como de la calzada actual con obras de puesta a punto, sin un análisis que lo sustente.
“Ello generó que el MTC suscriba un contrato de concesión asumiendo obligaciones de entrega de áreas de terreno para la segunda calzada y obras de desempate; así como de la calzada actual con obras de puesta a punto, con plazos sin sustento y que coadyuvaron a que se incumpla la normativa sobre liberación de predios e interferencias, generando con ello un perjuicio económico contra el Estado valorizado en US$18′612,460 como consecuencia de un laudo arbitral que reconoció al concesionario el pago de una indemnización por daño emergente debido al incumplimiento del Estado en la entrega de terrenos”, precisó la Contraloría.
Ello, aunado al incumplimiento en la entrega de terrenos vinculados al Intercambio Vial Salaverry, agregó la entidad, generó que el Estado suscriba dos adendas al contrato de concesión donde se redujeron la cantidad de obras necesarias para la activación de los incrementos en la tarifa de peaje, lo cual generó una afectación a los usuarios ascendente a S/30′677,832 a junio del 2022, ya que vienen asumiendo ese incremento tarifario sin contar con la totalidad de la infraestructura en operación.
Asimismo, el incumplimiento de la entrega de la calzada actual con los niveles de servicios exigidos, lo cual se mantiene hasta la fecha, ha ocasionado un perjuicio económico al Estado ascendente a S/45′590,552, como consecuencia de asumir, luego de vencido el plazo para la entrega de la calzada existente, los pagos efectuados al concesionario por la elaboración de estudios, conservación de emergencia y ejecución de puentes, gastos que no hubiese incurrido si cumplía con entregar la calzada actual con las obras de puesta a punto, dentro del plazo contractual.
Adicionalmente, se evidenció que con la Adenda N° 2 se incorporó al contrato de concesión la obra de la Vía de Evitamiento Chimbote, cuyos terrenos no han sido entregados al concesionario en los términos y condiciones establecidos en el citado contrato, lo cual retrasó el inicio de la ejecución de dicha obra y sigue demorando la culminación de la misma, postergando el aprovechamiento oportuno de la infraestructura por parte de los usuarios.
Al respecto, se señala que el pasado 20 de julio de 2021, ambas partes suscribieron un “Acta de Acuerdo de Suspensión Temporal de Obligaciones y encargo de Liberación de Interferencia”, en la que se suspendió la obligación del concedente de entregar el saldo (75%) de los predios para la Vía de Evitamiento Chimbote en el plazo establecido en el contrato de concesión.
Dicha suspensión se mantenía vigente a la fecha de corte de la presente auditoría y concluirá una vez que el concesionario haya culminado los trabajos de liberación de las interferencias de riego y bienes. Cabe señalar que, en la referida acta se adjuntó un cronograma en el que se señala que los referidos trabajos serán culminados aproximadamente en enero del 2023.
La auditoría de la Contraloría determinó presunta responsabilidad civil y administrativa (tanto a nivel de entidad como del Proceso Administrativo Sancionador – PAS de la Contraloría) en 15 funcionarios, exfuncionarios, servidores públicos y exservidores públicos de Provías Nacional. Por ello, se recomendó al Órgano Instructor de la Contraloría a realizar el procesamiento de dichos funcionarios y servidores públicos, de acuerdo a su competencia.
También se recomendó al Director Ejecutivo de Provías Nacional realizar las acciones pertinentes para el deslinde de las responsabilidades que correspondan de todos los involucrados. Mientras que a la Procuraduría Pública se recomendó iniciar las acciones civiles contra los exfuncionarios y exservidores públicos involucrados en los hechos.