Hace unos días, se publicó la Ley N° 31498, ley que impulsa la calidad de los materiales y recursos educativos en el Perú, aprobada por el Congreso de la República. Son varias las autoridades y colectivos que se han manifestado en contra de esta norma.
Por un lado, se ha indicado que esta ley limita las competencias del Ministerio de Educación para la elaboración de los materiales, textos y recursos educativos y por otro lado la Defensoría del Pueblo ha señalado que el condicionamiento de la publicación de materiales educativos al consentimiento previo de progenitores constituye un peligroso precedente para todas las políticas públicas, estableciendo un derecho a veto, generando inestabilidad y falta de seguridad jurídica para la protección de los derechos humanos de las personas y, particularmente, de las y los estudiantes.
¿Cuáles son los impactos de la norma? En primer lugar, se limita la función del Ministerio de Educación de definir contenidos educativos. Si bien es clave el involucramiento de las familias en los procesos de aprendizaje y formación de niños, niñas y jóvenes, es función de la autoridad educativa definir bajo criterios estrictamente pedagógicos los contenidos de libros y materiales. Por otro lado, ¿cuántos colectivos y asociaciones de padres de familia existen?, ¿cómo se acredita que uno tiene la representación de un colectivo o agrupación? Finalmente, ¿qué sucede si existen tres posturas diferentes sobre un determinado tema?, ¿quién define en última instancia?
No me imagino el reglamento de esta ley. ¿Será algo simple que pueda ser entendido por cada uno de los participantes de estas reuniones donde se defina qué va o no en los textos escolares?
Este reglamento va a tener que ser muy claro para evitar entrampamientos que nos lleven a no contar con los textos al inicio de los años escolares.