[Opinión] Jaime Polar Paredes: Entre la espada y la pared

Pero más allá de los perjuicios que esta medida genera para los miles de trabajadores que ya están perdiendo sus puestos de trabajo, está también la difícil posición de los empleadores y gerentes de negocios, quienes tienen que afrontar diferentes circunstancias impuestas por este decreto. ¿Dejamos de contratar a los negocios que brindan servicios para nuestras empresas? ¿Prescindimos del personal de la empresa contratista, pese a que ya conoce nuestra dinámica del trabajo? ¿Cómo le explicamos a un emprendedor que ya no podemos contar más con sus servicios? Son diversas interrogantes que surgen en este contexto.

Según el estudio Vinatea & Toyama, casi 5 de cada 10 CEO no saben qué acciones seguir para adecuarse a este nuevo escenario. Y no es para menos. Los contratistas, con su talento y trabajo, se han convertido en aliados indispensables para las empresas. Muchos de ellos han surgido de la nada, y poco a poco han ido insertándose en el flujo comercial de las grandes inversiones, generando empleo de calidad para su entorno. Aun así, hay temor en ellos porque pueden quedarse sin trabajo, echando a perder el tiempo y capital invertido en sus compañías.

Solo en la industria minera estamos hablando de 2,069 empresas contratistas registradas en el Minem que generaron 171,000 empleos, y que hoy corren el riesgo de perderse. Muchos de estos contratistas son empresas conformadas por las mismas comunidades y en zonas de influencia minera. ¿Qué otra alternativa de desarrollo les estamos brindando si sus clientes habituales ya no los pueden contratar?

A nivel nacional, son alrededor de 250,000 empleos los que están en riesgo de desaparecer por la aplicación de esta norma, lo que constituye un gravísimo impacto social y económico para el Perú; y más aún cuando lo que necesitamos son propuestas que estimulen el empleo formal y de calidad.

Invocamos a las autoridades y organismos competentes a examinar las implicancias de esta norma, así como el decreto sobre las negociaciones colectivas, manteniendo en todo momento el diálogo y respeto con el sector privado para llegar a medidas que sean viables y sostenibles en el tiempo.