Por Asociación de Contribuyentes
Al menos no lo tuvo en cuanto a la promoción de las micro y pequeñas empresas (Mypes). La presidenta volvió a hablar de fortalecer las compras desde el Estado hacia las mypes, algo que se hace todos los años y es una política asistencialista. Se apropió del supuesto nacimiento de 70,000 nuevas unidades económicas (cifra que habría que verificar) como si el Estado las creara, cuando en realidad surgen del espíritu emprendedor. Y así, entre cifras débiles y propuestas inmediatistas, el mensaje a la nación no ofreció nada consistente para fortalecer a las empresas más pequeñas del Perú.
Las mypes son cruciales para nuestra economía. Representan el 96.4% del total de empresas en el país y en 2022 se registraron 6.1 millones de ellas, lo que significó un incremento del 11.9% respecto a 2021. Sin embargo, a pesar del aumento en el número de mypes, su informalidad ha aumentado. Es decir, las mypes nacen, no crecen y se mueren. Y, además, en su gran mayoría, no aportan y no fortalecen la institucionalidad.
En 2022, el 86.7% de las mypes operó de manera informal. La informalidad es medida de acuerdo con cuántas de estas unidades empresariales están registradas en la Sunat (es decir, si tienen RUC). Y, aunque algunos departamentos redujeron su informalidad (Cajamarca, Huancavelica y Pasco), la disminución fue marginal. En general, la informalidad en Perú o se mantiene o aumenta. Y aquí está el gran problema que el Estado nunca atiende ni entiende.
El problema de las empresas pequeñas peruanas no es la informalidad; es la formalidad, casi inalcanzable, rígida, llena de obstáculos y vacía de beneficios. ¿Qué problemas enfrentan las mypes que el Estado podría buscar resolver?
Primero. Tramitología compleja. Constituir un negocio en Perú requiere la realización de ocho trámites, tarda un promedio de 26 días y tiene un costo del 9.4% del ingreso per cápita (aproximadamente 355 dólares). En Chile, por el contrario, se requieren un solo día y 16 dólares.
Segundo. Las cargas de ser formal. Perú tiene un régimen tributario y laboral excesivamente rígido y que no brinda ningún beneficio o valor agregado al empresario. Si a esto le sumamos que estos regímenes se endurecen y todos los días sabemos de noticias reales que nos dicen que nuestros burócratas aumentan, se suben el sueldo, se roban nuestros impuestos, malgastan o devuelven el dinero que deberían usar en proyectos de inversión, ¿tiene algún sentido formalizarse? Ninguno.
Tercero. La estructura tecnológica y productiva del mercado empresarial peruano es deficiente. Las mypes peruanas están aún muy atrasadas en términos de innovación, acceso a herramientas de productividad, eficiencia y sostenibilidad. Y si agregamos los bajos niveles de capacitación y calidad del capital humano, nuestras pequeñas empresas no pueden operar de manera formal y a la vez rentable.
¿Abordó alguno de estos temas la presidenta? Ninguno. ¿Acaso la Sunat, la Sunafil, las municipalidades y otras entidades estatales colaboran con el crecimiento de la pequeña empresa en vez de perseguirla y saturarla de obligaciones? Para nada. Por eso, si en casi 80 páginas y cinco horas de fatigante gesticulación verbal ninguno de los tres puntos mencionados fue tratado, solo podemos confirmar que ni el mensaje ni el gobierno tienen rumbo u horizonte.
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