En septiembre de este año, Rafael Muente fue suspendido por un año como presidente de Osiptel por una presunta irregularidad en la contratación de una capacitación; sin embargo, en conversación con este diario, explicó que su separación temporal responde a intereses del Ejecutivo.
Según se indicó, su suspensión fue por una presunta irregularidad, ¿es así?
Lo que sucedió es lo siguiente. Nosotros capacitamos a todo el personal y el presidente de la institución no está excluido de ese derecho ni de la conveniencia de capacitarse, en un contexto en el que el sector de comunicaciones es una industria en constante innovación y es muy competitiva. Iniciando mi segundo periodo en 2022, consideré que era oportuno solicitar una capacitación que no era una maestría, sino un Programa de Alta Dirección (PAD) organizado por la Universidad de Piura, que lo siguen funcionarios de alto nivel del sector público y privado. Así, todo lo que sustenta esa suspensión es un memorándum solicitando esa capacitación. De ese memorándum han construido un caso de que yo he direccionado la contratación del PAD de la Universidad de Piura. En realidad, es evidente la mala fe, la mala intención que ha habido en mi caso.
A muchos les sorprendió que, a pocos días de su suspensión, se designara a un reemplazo.
Todo lo que ha sucedido revela cuál es la intención de suspenderme y cuál es el plan más allá de mi suspensión. Se sacan informes absolutamente fuera de los tiempos normales. Es evidente la intención de capturar, y de básicamente tomar por asalto a Osiptel. ¿Por qué actuar con tanta celeridad? Encima el señor (Ferrer Anívar Rodríguez, designado temporalmente por la PCM para reemplazar a Muente) llegó y comenzó a retirar gente, entre ellos al gerente general, un funcionario de 28 años de carrera. Lamentablemente, entidades como los reguladores no tienen la protección constitucional que tiene el Banco Central de Reserva (BCR) u otras instituciones autónomas, que además capacitan a su gente y los vuelven modelos de funcionarios para el sector público.
¿Por qué cree entonces que lo sacan?
Yo no quiero reducir esta situación a mi caso, porque existen elementos claros que van más allá de sacar al presidente.
¿Qué sería entonces lo que se buscaría?
La OCDE ha sido clarísima en desarrollar publicaciones sobre la necesidad de la independencia de los reguladores y esto es justamente por el rol que tienen en los servicios públicos. La independencia garantiza que las decisiones del regulador estén alejadas de grupos de interés que puedan beneficiarse de forma indebida, algo que podría suceder si estas decisiones dependieran de políticos. Lo que se quiere es la captura de los reguladores y el primero ha sido Osiptel porque, hay que reconocerlo, si miramos un poquito más allá, ha sido posiblemente el regulador más dinámico en un mercado donde sí hay competencia y en donde ha tomado decisiones que no necesariamente han gustado, y han perjudicado a ciertos intereses de sectores. Además, fuimos los primeros que nos opusimos en voz alta, y con firmeza, al proyecto del Ejecutivo que planteaba fusionar a reguladores.
¿Entonces después siguen los otros reguladores?
Las condiciones están dadas para eso, para intervenir. Por ejemplo, en el caso de Ositran, no existe un solo miembro del consejo directivo que esté sentado en la mesa salvo la presidenta, ¿por qué? Porque el propio Ejecutivo no ha querido convocar a los concursos públicos para reemplazar a esos miembros cuyo mandato había vencido.
¿Qué gana el Ejecutivo fusionando a los reguladores?
Los reguladores somos cuatro profesionales, cuatro entidades y cuatro presidentes con especialidades muy distintas, altamente tecnificados. En el caso de Osiptel, no cualquiera puede dedicarse al sector de telecomunicaciones. Cuando decimos que se junten los cuatro, implica que solo habrá un presidente, sin tener el perfil de especialista en cuatro áreas distintas. ¿Qué gana el gobierno? Que esa persona responda a los intereses de la PCM, porque este organismo será adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros.
Pero esa idea de fusionar también viene del Congreso…
Claro, no es algo nuevo. Yo te puedo decir también que cuando fuimos elegidos en 2017, en la PCM se nos comunicó esa idea. Es un anhelo porque somos incómodos, así que se quiere controlar desde la PCM. También se ha dicho que se gasta cientos de millones de dólares en los reguladores, lo cual tampoco es cierto, entre todas estamos en alrededor de US$100 millones, de las cuales Osinergmin se lleva casi la mitad porque tiene ingresos derivados del sector minero.
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