El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) dispuso este domingo la modificación del reglamento de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo con el propósito de actualizarlo a los cambios que ha sufrido la norma con el paso de los años, así como adecuarlo a los estándares internacionales con el objetivo de disminuir los conflictos laborales.
A través del Decreto Supremo N° 014-2022-TR, publicado este domingo en el diario oficial El Peruano, se facilita la deducción de las cuotas sindicales por parte del empleador y el depósito de las mismas a las organizaciones sindicales de distinto nivel, incluyendo federaciones y confederaciones, contribuyendo así a su auto sostenimiento económico.
MIRA: Tercerización laboral: Ministerio de Trabajo amenaza a Poder Judicial
Además, se precisan los alcances con relación a la disolución judicial de la organización sindical por pérdida del número mínimo de afiliados, de tal manera que, para el cómputo del número de afiliados, se siga considerando a los trabajadores sindicalizados despedidos y cuyo despido aún se encuentre judicializado.
En cuanto a la negociación colectiva, el reciente decreto supremo establece que el sindicato minoritario solo representa a sus afiliados y que el empleador no puede extender, de forma unilateral, los alcances de la convención colectiva. Esta medida fue establecida en atención a los efectos perjudiciales que tiene la extensión unilateral de los acuerdos a los trabajadores no afiliados; sin embargo, por acuerdo de partes puede pactarse la prórroga de beneficios.
Asimismo, se desarrollan las garantías para la negociación colectiva, como la obligación de negociar de buena fe y la obligación del empleador de entregar información económica y financiera para la negociación colectiva.
Respecto al arbitraje potestativo, la modificación establece que este tema es facultad exclusiva de los trabajadores, en los supuestos de mala fe del empleador o falta de acuerdo en la primera negociación, en el nivel o contenido de esta.
El MTPE indicó que con ello se evita de manera expresa la configuración de un desarrollo paralelo de una huelga iniciada por los trabajadores y un arbitraje potestativo iniciado por el empleador, por cuanto ello afecta el ejercicio del derecho a la huelga.
Sobre este último aspecto, se desarrollan las consecuencias de la huelga que es declarada observando los requisitos legales, de conformidad con el literal a) del artículo 77 de la Ley. En ese sentido, se hace expresa la prohibición de que el empleador reemplace, de manera directa o indirecta, a los trabajadores en huelga, y cualquier acto que impida u obstruya el ejercicio del derecho de huelga.
Las últimas modificaciones también contemplan aspectos referentes al proceso de simplificación administrativa, pues se reducen los requisitos documentales que se exigen en los procedimientos de inscripción de organizaciones sindicales en el registro sindical y comunicación de la declaración de huelga.
En ese sentido, se sustituye la presentación de copias legalizadas de actas de asamblea por la presentación de copias simples.
De igual manera, se elimina el artículo 63 del Reglamento, que establecía un requisito no previsto en la Ley para la declaratoria de huelga con motivo de la defensa de derechos laborales (la presentación de resolución judicial consentida o ejecutoriada).
Con la emisión del citado Decreto Sup, también se adecua la normativa nacional en materia de derechos fundamentales reconocidos en el artículo 28 de la Constitución (libertad sindical, negociación colectiva y derecho de huelga) a las decisiones, recomendaciones y observaciones de los órganos de control de la OIT y a los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
De este modo, el MTPE precisó que “se busca atender la situación en la que se encuentran las organizaciones sindicales en nuestro país, debido a la desprotección y precariedad generadas por normas que no favorecen el ejercicio de los derechos colectivos de las y los trabajadores”.
En el 2020, la cantidad de trabajadores sindicalizados representaba solamente el 4.94% de los trabajadores formales en el sector privado y apenas el 4.06% estaba cubierto por una negociación colectiva.