Luego de descartar que se vaya a expropiar el gas de Camisea, el ministro de Economía y Finanzas, Pedro Francke, aclaró que los ánimos del Gobierno de intervenir en el sector energético van más orientados a tener una participación en la construcción del Gasoducto del Sur. Detalló que podría configurarse una asociación público-privada (APP).
“Las empresas privadas seguirán explotándolo [el gas de Camisea]. Hay otras posibilidades, pero me parece que el gasoducto y los ramales de este son la mejor intervención. En este caso, se hizo previamente un contrato con determinadas condiciones, que se cayó por la corrupción de Odebrecht, pero debemos retomarlo”, indicó Francke.
CONVENIENCIA
Álvaro Ríos, socio director de Gas Energy Latin América, recordó que la llegada del gas natural al sur del país es una necesidad, por lo que cualquier medida en esa línea es positiva, aunque cada una de ellas debe ser exhaustivamente evaluada.
Para Ríos, una eventual intervención del Estado debería ir por el camino de inyectar mayores recursos.
“Bajo la figura de una APP, el Estado podría aportar algo de capital y que el privado opere el gasoducto. Esto porque es sabido que el Estado no es eficiente operando”, comentó.
En este sentido coincidió Anthony Laub, socio de la consultora energética LQG, e instó al Gobierno a evaluar los resultados que se tiene en la actualidad en el rubro con la participación del Estado.
“La inversión privada en Camisea está por encima de los US$6,500 millones. ¿Cuánto ha pagado solo en regalías e impuestos? Casi US$14,000 millones. Se ha alcanzado este monto sin que el Estado haya metido S/1. En comparativo, para la refinería de Talara se calcula un costo de US$6,000 millones, que no ha concluido, pero finalmente es inversión pública ejecutada por PetroPerú. El resultado de rentabilidad es negativo. Entonces, en Camisea, donde la inversión es privada, se ha conseguido lo que sirve para pagar 2.5 veces Talara”, indicó.
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“Así, cuando alguien dice que quiere ejecutar una APP, la pregunta es simple: ¿efectivamente le conviene al país?”, complementó.
Laub enfatizó que no tiene sentido que el Estado se dedique a negocios donde un privado tiene todas las habilidades y demuestra positivos resultados.
El ejecutivo comentó que si los recursos son limitados, deben aplicarse políticas donde se priorice su uso óptimo.
Un aspecto adicional que indicó Laub es que una intervención del Estado en el rubro supone un gasto para el fisco y no queda claro de dónde saldrían esos recursos o desde qué rubros se redireccionarían.
“Otro de los temas principales es quién pondrá el dinero para que intervenga el Estado. ¿Entonces? Si ya hay algo funcionando, ¿no es mejor que esos recursos se direccionen a construir escuelas y otros para aumentar el bienestar de la población?”, subrayó.
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