POR ASOCIACIÓN
DE CONTRIBUYENTES
La minería ilegal es uno de los dos o tres principales problemas del país, después del narcotráfico. La corrupción está vinculada a la minería ilegal. La inseguridad y el crimen organizado también. La captura ilegal de movimientos regionales y partidos, también. Entonces, cuando hablamos de minería ilegal, hablamos de la raíz de varios problemas graves.
Sin embargo, lo que nadie dice con claridad y se debe abordar con la misma firmeza es que la minería informal, además de estar vinculada a la minería ilegal, está destruyendo la competitividad minera peruana, la institucionalidad y sigue siendo fuente de contaminación, abusos y financiamiento de partidos políticos populistas y antisistema. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema?
No formalizar a la minería informal genera un mercado minero distorsionado, poco saludable. Con una minería sin estándares, sin impuestos, sin regulación, mucho más “competitiva” deslealmente que el de la minería formal, blanco de más de 400 normas, 230 trámites y 29 entidades estatales. Y esto no es sostenible.
Actualmente, 86,121 mineros están registrados en el Reinfo, de los cuales 62,727 están suspendidos. Se supone que el Reinfo tiene como objetivo formalizar la pequeña minería y minería artesanal que se realizaba fuera de la legalidad. Pero no está ocurriendo, es un limbo conveniente en el que se quedan miles de mineros que ganan muchísimo dinero, financian congresistas y políticos y operan en una competencia desleal con la minería formal, esa que, paradójicamente es también el blanco de ONG, líderes de izquierda y activistas disfrazados de ambientalistas que reciben dinero de cooperación técnica
internacional.
EL PROBLEMA DEL REINFO
Este dato es clave: hasta ahora y en casi 9 años, solo 2,049 mineros han completado su formalización. Esto no suma ni el 3% del total. La inscripción en el Reinfo permite a los mineros operar con menor fiscalización, situación que es aprovechada por algunos mineros ilegales. Tener un registro suspendido o vigente no significa un mayor problema si el objetivo del titular no es formalizarse, sino utilizar el permiso del Reinfo para operar sin una fiscalización plena. Según datos del Ministerio de Energía y Minas, el 62% de los mineros registrados en el Reinfo opera en concesiones mineras de terceros. La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía estima que esta cifra es
del 64%.
El Reinfo no logra diferenciar de manera efectiva entre mineros que buscan formalizarse y mineros que operan ilegalmente con grandes recursos. Una gran parte de los mineros inscritos en el Reinfo trabajan en concesiones que pertenecen a terceros sin fiscalización efectiva, lo que causa conflictos con los propietarios legítimos. La falta de presupuesto y personal calificado dificulta las acciones de fiscalización, según el Ministerio de Energía y Minas. Pero este no es el único problema. Ningún político quiere agarrar al toro por las astas y las fronteras entre la ilegalidad y la informalidad se diluyen. Lo informal se vuelve ilegal y lo ilegal se disfraza de informal.
La minería ilegal está vinculada a problemas de narcotráfico, contaminación ambiental y violación de derechos humanos y laborales. En zonas como Pataz, donde la minería ilegal y el crimen organizado son comunes, las operaciones de fiscalización policial son complicadas y tardan en ejecutarse. Aún en “estado de emergencia”, los delincuentes pagados por la minería ilegal hacen lo que quieren. ¿Tiempo de sincerar las cosas, no? Si no vamos a formalizar a los informales y mucho menos a los ilegales, promovamos una regulación mucho más ágil para la minería formal de modo que esta termine por ahuyentar la informalidad y la ilegalidad creciendo, expandiéndose y siendo más competitiva.
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