Parte de las regalías e impuestos que genera el gas de Camisea no llega a los peruanos. No llega a través de mejores caminos ni pistas, no se traduce en mejores servicios de agua y alcantarillado, no se materializa en una mejora de los servicios de salud. Los aportes se quedan en el camino o en el aire, como los más de S/1,522 millones en obras públicas financiadas o cofinanciadas con recursos de Camisea que se encuentran paralizadas en muchos casos por temas de corrupción.
El monto corresponde a 10 de las obras con altos montos de inversión, según datos de Infobras de la Contraloría General de la República al 30 de setiembre de este año. Sin embargo, si se amplía el espectro, la realidad asciende a 666 proyectos del sector público que están parados y que comprometen financiamiento con dinero aportado por Camisea.
Entre estas obras figuran el mejoramiento de la capacidad del Hospital Antonio Lorena del Cusco (S/702.8 millones), el mejoramiento de la carretera Huancarani-Paucartambo (casi S/184 millones) o la instalación del sistema de riego Quisco en el distrito de Alto Pichigua, en la provincia de Espinar (S/87.2 millones). Si bien los tres están en manos del Gobierno Regional del Cusco, también hay ejemplos relacionados con otros gobiernos regionales, distritales o con el nacional (ver cuadro).
En total, desde que se puso en marcha en 2004 hasta 2019, Camisea ha contribuido con aproximadamente S/40,000 millones al Estado, de los cuales casi la mitad ha estado dirigida a la región del Cusco, que acoge a la operación gasífera en los lotes 56 y 88, en el distrito de Echarati, provincia de La Convención.
Uno de los motivos del mal aprovechamiento de los recursos en obras que se encuentran paralizadas o que no han producido un impacto positivo en la población es, además de la corrupción, la baja capacidad de ejecución y la calidad del gasto, según lo explica el experto en hidrocarburos y exviceministro de Energía Pedro Gamio.
Para Gamio, la existencia de tal cantidad de obras paralizadas guarda relación también con el debilitamiento de Servir y de la meritocracia en el sector público, algo que ahora reluce con la postura del gobierno, que se ha mostrado a favor de eliminar la ley CAS (Contratación Administrativa de Servicios).
Por ello, el exviceministro destacó que un fortalecimiento de Servir permitiría, además de impulsar la meritocracia entre los trabajadores del Estado, medir capacidades y no solo procedimientos que “a veces traen incentivos perversos”, que favorecen a funcionarios que “menos hacen (ejecutan)”.
“La falta de meritocracia en el Perú afecta. Hace años que el Perú ha destruido la carrera pública. Un tercio de las regiones del Perú se llevan la mayor parte de los ingresos de la industria extractiva y se genera un cuello de botella. Solucionar esto debería ser la tarea de los políticos: hacer una reingeniería en el Estado que asegure meritocracia, que asegure proyectos en cada región y sistemas de monitoreo para asegurar la calidad del gasto con base en un sistema de control que evalúe resultados antes que priorizar solo control de procedimientos”, aseveró.
Cerca del 65% de los ingresos de Camisea van al Estado.
El Cusco ha recibido el equivalente a casi US$1 millón por día desde que se puso en marcha Camisea en 2004.
El Estado solo ha culminado la ejecución del 20% de los proyectos que han sido financiados o co-financiados por Camisea.