Más de 45 mil empleos en riesgo por proyecto de aerolínea nacional

El documento fue aprobado con cargo a redacción y si bien hasta ayer aún no figuraba en el sitio web del Parlamento, una de las versiones planteaba crear una aerolínea nacional denominada LAPERU, con un aporte US$75 millones de las 25 regiones del país (a razón de US$3 millones por cada una) a través del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). El monto equivaldría al 35% del capital inicial, mientras que el 65% restante del capital correspondería a capital privado nacional y extranjero.

La referida suma que aportarían las regiones equivale, al tipo de cambio actual, a más de S/273 millones. Dicho monto, para tener una idea de su utilidad, es casi 52% superior al presupuesto de construcción del moderno Hospital Emergencia Ate Vitarte, el cual ha permitido salvar las vidas de cientos de peruanos.

El dictamen, que aún debe pasar por un debate en la Comisión de Economía y el Pleno del Parlamento, ha despertado los recuerdos de la costosa experiencia para el país de mantener una aerolínea estatal, como lo fue AeroPerú, creada en 1973 y disuelta en 1999. La aprobación de la propuesta también ha generado críticas por parte de analistas y gremios empresariales por no priorizar otros temas como la emergencia sanitaria y la recuperación del empleo y la economía.

Una de las voces que critican la iniciativa legislativa es Leonie Roca, presidenta de la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN). “Esta es una señal de que el Congreso de la República, en lugar de enfocarse en colaborar a reactivar la economía del país, a dejar las finanzas públicas ordenadas para que el siguiente gobierno siga enfrentando la pandemia porque esta no va a terminar en julio, o en estarse concentrando en la situación tan grave que atraviesa todo el país, por la crisis sanitaria y la pérdida de empleos, está perdiendo el tiempo con iniciativas que generan una tremenda señal de incertidumbre”, aseveró en conversación con Perú21.

El principal problema para la máxima representante de AFIN es que la norma no atiende problemas sanitarios, económicos ni sociales que sean de urgencia y que incluso introduce un nuevo actor en el mercado aerocomercial, donde ya existe competencia.

“De todas las cosas que requieren urgencia, que deben hacerse ahora pero que también necesitan recursos humanos y financieros, la última es hacer una línea aérea”, agregó.

En ese contexto, consideró que ve poco probable que una norma como esta vaya a aprobarse en el Congreso, y que aún si tuviera una votación favorable, terminaría siendo observada por el Ejecutivo y posteriormente revisada por el Tribunal Constitucional.

“Esto es inconstitucional. La Constitución dice que la actividad empresarial estatal es solamente subsidiaria y el mercado de la aeronáutica civil está suficientemente servido por empresas privadas peruanas y extranjeras”, aseveró Roca.

Carlos Gutiérrez, gerente general de la Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional (AETAI), explicó a Perú21 que una norma de este tipo afectaría a los empleos directos e indirectos que las aerolíneas han logrado preservar tras haber sido golpeadas por la recesión y el confinamiento. Esta realidad se traduce en más de 5,000 empleos directos y aproximadamente 40 mil puestos laborales indirectos que se podrían ver perjudicados.

“A la fecha hay más de 5,000 empleos directos que podrían verse afectados (…). Al meter a un competidor en el mercado, adicional a los otros, algunos van a caer. Ahora estamos en UCI”, explicó a Perú21.

Por otra parte, aclaró que si la preocupación es mejorar la conectividad entre las regiones o interconectar localidades aisladas, el Congreso debería atender la ley de importación temporal de aeronaves y tener en cuenta que hay un camino para mejorar la conectividad en manos del Ejecutivo.

“Existe un mecanismo que lo viene implementando el MTC para precisamente generar subsidios para vuelos que se dirijan a localidades remotas. Y esto viene funcionando hace años y es un ejemplo (para el extranjero) porque el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) lo viene usando como referencia internacional. Tenemos algo bueno que hemos desarrollado. En lugar de destinar todos los millones que sea (que plantea el Parlamento), reporten y vean estos mecanismos que funcionan a la fecha y que no son para las grandes empresas, sino para fomentar la conectividad con empresas (aéreas) no regulares”, aseveró.

-Roca explica que la propuesta es dañina porque da una señal de incertidumbre en el peor momento posible.

-“Con incertidumbre y sin estabilidad jurídica no hay inversión y, además, nos empiezan a poner calificaciones de riesgo menores. Eso significa que luego el costo del dinero sube. Si este sube, lo hace tanto para la persona que quiere comprar un taxi como para la fábrica”, advirtió.

La propuesta aprobada en la Comisión de Transportes también fue criticada por Diego Macera, economista y gerente general del Instituto Peruano de Economía (IPE), quien recordó la mala experiencia que tuvo el país durante más de 25 años con una aerolínea estatal: AeroPerú.

“En sus últimos momentos, en los 90, AeroPerú perdía US$2 millones al mes, que tenían que ser cubiertos con fondos públicos. Una línea aérea es un negocio carísimo y difícil, en el que incluso administradores de primera calidad pueden perder hasta la camisa en poco tiempo. ¿Queremos que el dinero público se vaya en eso? Si queremos contribuir a conectar más lugares del Perú, perfectamente podemos subsidiar rutas con poco atractivo comercial, como de hecho ya se hace desde hace años; no hay necesidad de tener tu propio avión”, explicó el economista a Perú21.

En ese sentido, Macera resaltó que el Estado debe enfocarse en atender problemas como el cierre de brechas en salud o infraestructura.

“El Estado tiene que concentrarse en lo que le corresponde –atender salud, educación, seguridad, infraestructura, entre otros– antes de estar pensando en hacer cosas que no le corresponden y que las hace mal”, dijo.

“Las empresas públicas de antes fueron un forado de corrupción e ingresos públicos, con varios puntos del Producto Bruto Interno (PBI) perdidos a finales de los años 80, y no entiendo por qué resucitarlas. Mucho mejores resultados para todos se alcanzan con un mercado bien regulado que promueva la inversión. Eso debió haber quedado clarísimo en los últimos 30 años”, aseveró.