Una carrera contra el tiempo y el deseo de poner en marcha una megaobra que tiene 10 años en espera. Esa es el sentir de miles de arequipeños respecto al proyecto de irrigación Majes Siguas II, que con sus 38,500 hectáreas (ha) siempre fue visto como una gran oportunidad para la región, pero que hoy tiene poco más de un mes para no quedar entrampado en un posible arbitraje.
En el destrabe de la obra intervienen actualmente tres actores: el Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri), el Gobierno Regional de Arequipa y el concesionario Cobra Infraestructuras Hidráulicas. Sacarlo adelante sería vital para la región, pues según la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa (CCIA), Majes Siguas II permitiría generar cerca de 100 mil empleos directos e indirectos.
Uno de los principales inconvenientes para poner en marcha el proyecto era la suscripción de la adenda 13, un documento que contempla un incremento del costo de Majes Siguas II en US$104 millones y que eleva el costo total de la obra hasta los US$654.4 millones. ¿El motivo? La modificación y actualización de la tecnología de irrigación del megaproyecto. Si bien este era un impasse para el gobierno regional, actualmente ya no representaría un problema.
Al respecto, el Minagri aclara que “el costo actual del proyecto asciende a US$654.4 millones, de los cuales el 43% corresponde a aportes del Estado y 57% al concesionario, pero al ser un proyecto autosostenible, los aportes se recuperarán con la venta de terrenos (38,500 ha a la venta en módulos de 200 ha cada uno)”.
Además, agrega que “la inversión de la adenda 13 es 100% aporte del concesionario”. Es decir, que los US$104 millones son asumidos por la referida empresa. Es ahí donde surge el punto de la discordia, pues Cobra exige una garantía soberana con el objetivo de asegurar la recuperación de su inversión. Y para dar tal garantía, hay dos caminos: el que propone el gobierno regional y el del Ejecutivo.
La primera alternativa
La gestión de Elmer Cáceres Llica preferiría obtener tal garantía vía la aprobación de un proyecto de ley en el Parlamento. Por otra parte, desde el Minagri el planteamiento es firmar un acuerdo para que el gobierno regional le transfiera la titularidad del proyecto a este ministerio y al gobierno central, permitiendo que estos emitan la garantía y destraben la obra. Luego de la transferencia y ejecución, Majes Siguas II volvería al gobierno regional.
Para concretar la segunda propuesta, el Minagri, el Ministerio de Economía y el gobierno regional vienen teniendo reuniones en las que participan miembros el Consejo Regional y alcaldes para explicar los beneficios del traslado, pues es el referido consejo el que debe aprobar la suscripción.
Y si bien algunos miembros de dicha institución se han mostrado en contra de suscribirlo, desde el Minagri afirmaron a Perú21 que “en los últimos días algunos consejeros han declarado que podrían cambiar su posición para aprobarlo, dependiendo de las reuniones técnicas”. Si el acuerdo se aprobara, las obras podrían reanudarse en tres meses.
Para el expresidente de AFIN, la mejor salida que podría haber es la transferencia. “Esto se inició en 2010 y está demostrado que el Gobierno Regional de Arequipa no ha logrado sacar el proyecto adelante y se ha empantanado. Sería oportuno que el gobierno central se haga cargo”, afirma.
Postura de gremios
Otra postura a favor también la muestra el presidente fundador del Movimiento Independiente Cívico Arequipa (Moinca), Jaime Lucioni Belaunde. “Estamos de acuerdo con que Majes pase al Minagri. Nosotros propiciamos una reunión entre Cobra, Luz del Sur, que es la encargada de hacer las dos centrales hidroeléctricas, con los consejeros regionales de Arequipa. Esta reunión se grabó y está en el Facebook de Moinca”, aseguró.
Lucioni precisa que la otra opción, de obtener una garantía soberana vía proyecto de ley, sería “una lotería porque no se sabe si se va a poder aprobar o no en el Congreso”.
Finalmente, el gerente general de la CCIA, César Lutgens, resalta que el proyecto debe destrabarse lo antes posible. Si bien considera que hay aspectos técnicos que deben ser revisados, afirma que lo importante es que la obra se lleve a cabo y con la mayor celeridad que puedan darle las autoridades.
“Tiene que destrabarse lo antes posible porque el plazo (para firmar la adenda 13) vence el 30 de octubre. En ese caso el concesionario podría retirarse del proyecto y con las demandas que eso implicaría, y eso es lo que no queremos para el proyecto”, advierte el ejecutivo. Arequipa está a la espera.
Tenga en cuenta
-Establecer un buen balance entre la entrega de tierras para agricultores y para la agricultura exportadora sería crucial para que el proyecto y Arequipa repliquen el éxito alcanzado en el norte del país, según Prialé. “Sería lamentable que un proyecto de semejante envergadura terminase desaprovechándose”, aseveró el expresidente de AFIN.
-La paralización del megaproyecto de irrigación ocasiona que la región Arequipa pierda más de US$150 millones al año, de acuerdo con Jaime Lucioni Belaunde.