Varios ataques y hostigamientos hacia trabajadores y campamentos han generado zozobra e incertidumbre en la industria petrolera en Loreto.
La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) reportó que grupos que se oponen a las operaciones del sector han tomado este tipo de acciones, entre las que se encuentran la toma de la Estación 5 de Petroperú, ubicada en Félix Flores–Saramiriza, distrito de Manseriche. Esta se llevó a cabo durante el Paro Amazónico del pasado viernes 1 de octubre.
Si bien los trabajadores de Petroperú llegaron a ser evacuados, el director ejecutivo del gremio minero, Pablo de la Flor, expresó su preocupación debido a que esta situación puso en riesgo la seguridad e integridad de los mismos, además de afectar las operaciones.
“Esta medida de fuerza paralizó las operaciones del Oleoducto Norperuano (ONP), ya que la Estación 5 es el núcleo central para las actividades de esta infraestructura, a través de la cual se traslada toda la producción del circuito petrolero de Loreto hacia el Terminal de Bayóvar”, explicó De la Flor
A ello agregó que la falta de reacción de las autoridades ha despertado una seria preocupación, debido a que no se debería tolerar ese tipo de ataques contra “un activo critico nacional tan importante para la seguridad energética del país”.
Amenanzas en el Lote 95
Otro caso ha sido el del lote 95, en manos de la empresa PetroTal, que ha recibido amenazas de ser ocupada ilegalmente.
“El sector hidrocarburífero peruano que viene atravesando una grave crisis por la caída de la producción e inversión, hoy también está bajo sometimiento de medidas de fuerza que desacatan la ley”, aseveró De la Flor, quien considera que estas acciones provendrían de grupos con intereses particulares que desconocen los esfuerzos que se despliegan desde el Estado para cumplir con el plan de cierre de brechas sociales que se aprobó el año pasado.
Por ello el ejecutivo reiteró que “debe primar el diálogo en la solución de los conflictos”, pero teniendo claro que tal proceso debe cumplirse “sin coerción ni condicionamientos que busquen que el Gobierno renuncie a sus competencias”.