La eventual aprobación de la propuesta legislativa que reforma y moderniza la Ley Orgánica de Hidrocarburos, que norma las actividades ligadas al gas y el petróleo, habría despertado el interés de varias compañías que estarían a la espera de la nueva norma para comenzar a invertir. Así lo adelantó a Perú21 el director general de Investigación en la Escuela de Postgrado de Gerens, Arturo Vásquez.
“Son unas 15 empresas que están a la expectativa de la reforma”, dijo. La norma, explica, reactivaría en el corto plazo las operaciones en varios de los 4,500 pozos petroleros paralizados y generaría inversiones por US$1,500 millones.
Sus estimaciones se asemejan a las del especialista y director gerente de Enerconsult, Carlos Gonzales, quien considera que si durante el primer año de vigencia de la nueva ley se reactivaran cerca de mil pozos, sería posible aumentar al producción petrolera de 41 mil barriles diarios a 56 mil.
Cabe destacar que si bien en 2017 la inversión en proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos aumentó 38.4% respecto a 2016, su primer resultado positivo en cuatro años, en 2018 no mostraría cifras tan favorables.
En el primer semestre, la inversión solo sumó US$249 millones, poco más de la mitad del total del año pasado, según Perúpetro. Sin embargo, la recuperación podría volverse sostenida a partir del siguiente año.
Según Vásquez, el impacto de la nueva norma podría observarse desde fines de 2019, pues tras ser aprobada, sería necesario reglamentarla, y tal proceso requeriría de aproximadamente seis meses.
“Los que más rápido van a invertir son las empresas que ya tienen un lote, pero cuyas operaciones están inactivas”, agregó Vásquez.
En la actualidad, el proyecto de ley ha sido aprobado por la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República, y debe ser debatido por el Pleno.
Al respecto, la titular del Ministerio de Agricultura, Patricia Balbuena, ha comentado que el Poder Ejecutivo observará el dictamen del proyecto de ley.
Las observaciones se centrarán en la consulta previa, los derechos colectivos y la extensión de los contratos.
En ese sentido, cabe indicar que la ampliación de los plazos de los contratos, de 30 a 40 años, es uno de los principales planteamientos de la propuesta legislativa, con la cual se busca dar mayor estabilidad jurídica a los inversionistas extranjeros, con el objetivo de que apuesten por desarrollar proyectos de exploración y explotación de gas y petróleo.