Las propuestas “que urge implementar” para la reactivación económica post pandemia

Durante la presentación, el mismo ministro de Economía, Waldo Mendoza, mencionó que lo “leerían con cuidado” al ser un “apoyo importantísimo para el Estado”.

Al respecto, Miguel Andrés Jaramillo, economista senior del CPC, indicó que es necesario agilizar la inversión pública para la reactivación económica. Por lo que sí hay espacio para que el MEF haga revisiones a temas que podrían acelerar, y yendo más allá, hay oportunidades con el próximo gobierno.

Las propuestas se clasifican por factores y uno de ellos es la salud. Como se ha visto, hay muchas dificultades para lidiar con la crisis y partíamos con desventaja frente a vecinos como Colombia, que tenía mejores indicadores por médicos y camas UCI, señaló el economista.

Para mejorar la organización del sistema de salud y que el ciudadano reciba servicios de calidad de manera oportuna, el informe plantea las unidades de gestión de las instituciones prestadoras de salud (Ugipress). “Hoy el Minsa tiene dos funciones importantes, la rectoría, porque supervisa diferentes unidades ejecutoras a nivel nacional; y la prestación, porque se encarga directamente de prestar servicios de salud en Lima Metropolitana. Y con esa carga de trabajo no puede dedicarse completamente a su rol de rector”, apuntó Jaramillo.

Proponen que la Ugipress tenga a cargo los establecimientos de primer y segundo nivel en Lima, y esté adscrita al Minsa como una unidad pública ejecutora. También habría una segunda Ugipress que se encargue de todos los establecimientos de nivel 3 a nivel nacional, y plantean una Ugipress en cada gobierno regional.

Ellas serían las encargadas de la prestación de servicio y la gestión clínica. Es una entidad que se encarga solo de la prestación para garantizar que la oferta pública pueda atender al ciudadano, y si hay brechas, que haga la compraventa respectiva.

Para el economista del CPC, un problema con la infraestructura es que la inversión pública –que es una suma de licitación pública, APP y Obras por Impuestos–, viene disminuyendo los últimos años. A pesar de las enormes brechas determinadas por el Plan Nacional de Infraestructura y Competitividad (PNIC) que son cerca US$ 100 mil millones, en promedio se devuelven S/ 17 mil millones no ejecutados al año, lo que equivale al 2% del PBI.

A eso hay que sumarle que las APP han venido reduciendo su participación en la inversión pública de manera importante. Jaramillo expuso un problema en la etapa de estructuración del contrato, donde hay opiniones de varias entidades, reguladores, Contraloría, entre otros, y sus informes previos abarcan aspectos fuera de su competencia hasta en un 67%.

Al estar opinando de aspectos fuera de su competencia, se generan duplicidades, que al final dilatan los procesos de manera significativa. “Proponemos evitar la duplicidad de funciones, creando un marco normativo integral, que regule la participación de cada actor sobre la base de sus competencias. Con esto esperamos acelerar el tema de la inversión vía APP, lo que sería también un impulso a la inversión pública que tanto necesitamos”, manifestó.

En material laboral, señaló Jaramillo, teníamos un mercado que no era muy dinámico, al ser el tercer país de la región con costos laborales no salariales más elevados de la región, solo por detrás de Argentina y Brasil. Además de una serie de desincentivos al crecimiento empresarial con los regímenes tributarios especiales lo que genera un problema de productividad.

El tema de la crisis hace necesario la implementación de un régimen laboral temporal, acotó el economista, para fomentar el empleo formal en lugar que se incrementen los puestos de trabajo informal. Lo que busca este régimen es brindar facilidades de liquidez y contratación a las empresas más afectadas por el COVID-19.

Proponen un subsidio a la planilla. Además, que las empresas medianas y grandes hasta diciembre del 2022 tengan acceso al régimen laboral de la pequeña empresa, que es 30 % menos costoso que el régimen general, para contratar temporalmente. Así como la posibilidad de recontratar a un extrabajador que se tuvo en panilla en los últimos seis meses, porque actualmente el plazo es de un año.

“En el Minsa un director general, que es un puesto directivo clave para implementación y ejecución de políticas, dura 7 meses en el cargo, en promedio. En el caso del MTC duran 10 meses. Entonces, qué gerente puede manejar cualquier empresa con solo 7 meses, si la evidencia dice que tardas 5 o 6 meses en estar cómodo y aprender las cosas que tienen que ver con el cargo. Entonces, no te da mucho tiempo para trabajar, y ejecutar funciones”, dijo.

Jaramillo explicó la propuesta del Informe de Competitividad que pide aplicar una medida de contratación de directivos y servidores públicos con un nombramiento regulado, renovable por tres años, con remuneraciones competitivas, procesos de evaluación, y mecanismos de transparencia. Pero que no sea tan fácil removerlo del cargo.

Ante las recientes restricciones impuestas por el Ejecutivo y la demora en la llegada de las vacunas, ¿cambia el panorama para este informe? Jaramillo refirió que lo que plantean es una serie de medidas para impulsar la competitividad, muchas de ellas tienen un efecto que son de mediano a largo plazo.

“Las propuestas siguen siendo vigentes solo que ahora urge aún más su implementación. Porque algunas propuestas que hemos venido planteando en los últimos años están en el Plan de Competitividad del gobierno, y la crisis ha retrasado su implementación. Lo que necesitamos es pasar a ejecutar. Esa es la prioridad”, señaló.