La educación presencial debe volver lo antes posible

Ricardo Cuenca, actual ministro de Educación, dijo hace poco que el retorno a clases parece lento, porque se prioriza la seguridad de docentes y alumnos. Estas declaraciones pueden parecer prudentes, pero no grafican la gravedad del impacto en nuestros escolares que no van a clases presenciales. Tampoco reflejan la lentitud con la que el Estado colabora con los colegios para volver a las aulas.

Perú implementó Aprendo en Casa, programa de educación a distancia para estudiantes de inicial, primaria y secundaria. Debido a la limitada conectividad a Internet de cientos de miles de hogares, así como a condiciones culturales y económicas, los resultados no fueron positivos.

Si bien el 86% de estudiantes peruanos logró acceder a la estrategia estatal, solo el 19% lo hizo a través de Internet (contaban con una computadora, tablet o celular con Internet), mientras que el 74% accedió por televisión y 17% por radio. El problema es que el contenido televisivo y radial no alcanza los estándares de calidad pedagógica necesarios, porque no garantiza un nivel de participación efectiva de los estudiantes, comparable con el de la enseñanza presencial. Así, en 2020, el 32% de los estudiantes de nivel secundaria en 17 regiones desaprobó la mayoría de cursos básicos.

Según el Banco Mundial, los estudiantes peruanos enfrentarían una pérdida de 1.7 años de escolaridad, por encima del promedio de los países de América Latina y el Caribe-ALC (1.3 años). Esto debido al tiempo que las escuelas permanecen cerradas y el bajo nivel de efectividad de las estrategias implementadas por el gobierno.

Este impacto en el aprendizaje afecta el rendimiento académico. Según una estimación de los cambios del puntaje promedio en la prueba PISA –que evalúa conocimientos y habilidades en comprensión verbal y numérica–, casi 77% de estudiantes peruanos estaría por debajo del nivel mínimo.

“Esto sitúa a los estudiantes peruanos en una posición más vulnerable en el mercado laboral e impacta en su productividad y competitividad a largo plazo. No volver a clases presenciales reduce la posibilidad de que un joven peruano consiga un buen trabajo, sea competitivo y cumpla sus sueños”, dice Lucero Martínez, analista de la Asociación de Contribuyentes.

Antes de la pandemia, el joven peruano promedio no aprovechaba su máximo potencial: era apenas 60% productivo. Bajo las condiciones actuales, el porcentaje será menor. Estas pérdidas tienen un costo económico. En promedio, un estudiante de ALC dejaría de percibir US$1,313 anuales. Si sumamos los ingresos dejados de percibir a largo plazo, se estaría hablando de US$1,700 millones, por no retornar a clases presenciales en un periodo mínimo de 10 meses.

Por ello se debe acelerar el regreso a las aulas. No hacerlo es una omisión grave que afectará nuestro futuro como país.

El Ministerio de Educación puede y debe ir más rápido

Según información del Minedu, de un total de 33,511 escuelas habilitadas para abrir sus locales, solo lo hicieron 2,613, es decir, apenas 8%. La burocracia no está ayudando en este proceso. En Perú, recién un año después del inicio de la pandemia, el Minedu estableció las disposiciones para el retorno a clases presenciales.

La resolución señalaba que el servicio educativo en 2021 se brindará de manera flexible, gradual y voluntaria, según las condiciones epidemiológicas de cada región. Pero esto no basta. El Minedu tenía que promover que colegios privados y estatales apuraran el proceso de adaptación, de modo que los requisitos no sean difíciles de cumplir o desproporcionados.

La norma prioriza niveles educativos de inicial, primeros grados de primaria y último de secundaria, así como estudiantes en situación de vulnerabilidad, con problemas de conectividad, violencia, orfandad y pobreza. Pero lo cierto es que hoy ocho millones de escolares están ya en condición de vulnerabilidad.

Profesores vacunados: máxima prioridad

En el último balance del Minedu, solo la quinta parte de los docentes de escuelas públicas y privadas han sido vacunados contra el COVID-19 por su edad o condición de plaza de educación rural (90,000 de 518,000 docentes).

La vacunación debe ser transversal y abierta para docentes de cualquier grupo etario, de condición urbana o rural, y de colegios estatales o privados. No debe haber discriminación en este aspecto. Por ello, urge apurar la vacunación de docentes, ya que es sinónimo de confianza para maestros, padres de familia y alumnos.