Después de meses de intentos frustrados para salvar el Banco Agrario (Agrobanco), el titular del Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri), Gustavo Mostajo, anunció desde Puno la creación de Mi Agro, un banco de segundo piso que busca continuar con la labor del desaparecido, financiando, a través de fondos estatales, la producción de los pequeños productores agrícolas a lo largo y ancho del Perú.
UNA MUERTE ANUNCIADA
A inicios de año, la Contraloría General de la República realizó una auditoría al Agrobanco y denunció que se estaban entregando créditos que excedían los niveles de préstamo.
Los meses transcurrieron y se evidenció un desfalco del banco. La entonces ministra de Economía, Claudia Cooper, declaró en febrero que Agrobanco no entraría en etapa de liquidación y que, en lugar de esto, sería reestructurado. “El problema no es el banco, el problema es el sistema”, dijo. La presidenta de Agrobanco de ese entonces, Jane Montero, precisó la necesidad de que el MEF aporte la cifra de S/250 millones para cubrir las provisiones de este año, que se vieron afectadas por las deudas de las grandes empresas.
El ministro de Agricultura confirmó que, hasta las últimas semanas, el Gobierno realizó esfuerzos en inyectar recursos. “Pero la situación está peor”, precisó.
LA INICIATIVA DEL LEGISLATIVO
Ante los esfuerzos fallidos, Mostajo anunció la presentación de un proyecto de ley que estipula la creación de Mi Agro, y una inyección de S/100 millones. La entidad estaría bajo derecho estatal, pero garantizada por el Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (Fonafe) y no de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS).
Diego Macera, gerente del Instituto Peruano de Economía (IPE), explicó para este diario lo que consistía un banco de segundo piso. “La idea es que la banca de fomento como Cofide no preste directamente a los usuarios, sino que les preste a instituciones financieras (bancos o cajas) que luego, a su vez, les presten a las personas que necesitan los créditos”.
“Con esto, evitas potenciales conflictos políticos o favoritismos al prestar a tasas preferenciales”, aclaró.
El punto flojo del proyecto es la exclusión de la SBS como institución supervisora de la nueva entidad. Ante esto, Macera compara: “Si Cofide, que es el banco de segundo piso más grande, está regulado por la SBS, Mi Agro tendría que estar sujeto, por default”.
LOS IMPLICADOS
Para los pequeños agricultores es muy importante que existan fondos estatales que financien sus actividades productivas. Gabriel Amaro, director de la Asociación de Gremios Productores Agrarios, reveló a Perú21 que el problema de desfalco se da cada cinco años, por lo que la única solución está en el reconocimiento de la capacidad de préstamo de los productores y en el acompañamiento del propio banco para garantizar la recuperación del financiamiento. “Es un banco para el pequeño agricultor, que necesita de asistencia técnica que le permita cosechar, pagar el préstamo y volver a prestarse para la siguiente campaña”.
En cuanto a la participación de la SBS, precisó que “si no se trata de un banco sino de un fondo estatal, entonces se debe tratar como tal”.
DESDE EL LEGISLATIVO
El 22 de junio ingresó a la Comisión Permanente la iniciativa legislativa del congresista Federico Pariona (FP) que propone la permanencia del Agrobanco a través de una reestructuración de deudas de los productores cafetaleros. “La preocupación (con el proyecto del Ejecutivo) es que dentro de los S/100 millones también están incluidos todos los gastos de instalación o de planilla. Eso es lo que ha informado el Fonafe, por lo cual solo S/60 millones se van a convertir en crédito para una atención de 6 mil productores, cuando en realidad el Agrobanco anualmente otorga créditos a 100 mil productores”, sostuvo.
Además, precisó que la tercerización de Mi Agro podría encarecer las tasas de interés: “Los agricultores solo pueden pagar el 5%-10% de interés”.
NO CONDONARÁN LAS DEUDAS DE AGROBANCO
El jueves pasado, Mostajo, ministro de Agricultura, y Carlos Oliva, ministro de Economía, fueron citados a la Comisión Agraria del Congreso para explicar el plan trazado para la ejecución del nuevo Mi Agro; sin embargo, no se presentaron.
Una de las mayores preocupaciones de los parlamentarios era el destino de los más de S/830 millones que Agrobanco acumula por deudas. A la reunión solo fue la presidente de la SBS y el representante del Fonafe. Ahí se cuestionó que en el proyecto de ley no explican cómo se gestionará el pasivo tras el cierre de la entidad.
Ante esto, Mostajo precisó que “cuando Mi Agro asuma Agrobanco, se intensificarán las acciones para la cobranza de todas las deudas”, descartando así la condonación de deudas de la liquidada. “Vamos a tener que ejecutar todas las medidas para cobrar y poder recuperar el dinero”, puntualizó.