Tras la disposición del Ejecutivo de evaluar el otorgamiento de la licencia del uso de agua de la minera Quellaveco, el sector minero nuevamente sufre un revés y se estaría hablando de un problema incluso mayor al de Tía María. Perú21 TV conversó con el exministro de Minas Guillermo Shinno, quien dio su punto de vista al respecto.
¿Con el caso Quellaveco estamos presenciando algo similar a lo que pasó con Tía María o incluso algo más grave?
Podría ser más grave, dado que es una operación que no acaba de iniciar, sino que ya fue construida. Se han invertido entre US$5 y US$7mil millones para el beneficio no solo de Moquegua, sino de todo el país.
¿Esto puede interpretarse como una descoordinación dentro del Ejecutivo o un doble discurso?
Sí, efectivamente existe esta percepción por la descoordinación que podría haber dentro del Ejecutivo, que se cancelen estos permisos y que el Ministerio de Desarrollo Agrario no haya dicho nada, no haya aclaración ni una opinión en contra. Ese silencio genera esta incertidumbre entre los inversionistas.
Durante su gestión, ¿cuáles fueron las dudas que se absolvieron en cuanto a las preocupaciones que tenía la población sobre el impacto que podía tener el proyecto?
Justamente era eso; el hecho de que o se podía contaminar el agua o el agua que necesitaba el proyecto podía dejar sin agua a los que están en los valles aguas abajo.
¿El proceso no debería generar mayores sorpresas en los próximos días?
De ninguna manera, ya si es una decisión totalmente distinta, estamos hablando de razones netamente políticas o de otra índole porque técnicamente el proyecto ha sido muy bien estudiado y muy bien evaluado.
¿Se está abriendo de nuevo un escenario donde se va a tener que cuidar lo que se hace en cuanto a gestión de conflictos sociales?
Hay preocupación por el hecho de que pueden incrementarse los conflictos mineros. La población tiene que pedirles cuentas a sus autoridades desde el punto de vista de qué es lo que van a hacer y de dónde van a salir los recursos, sobre todo si tomamos en cuenta que las últimas autoridades pierden más de S/20,000 millones en corrupción.
¿El 2023 puede ser un año más complicado en cuanto a conflictividad social en el Corredor Minero del Sur?
Sí, es posible. Hay que pedirle al gobierno central, a la Presidencia del Consejo de Ministros y al Ministerio de Energía y Minas que sean más prudentes y que refuercen su capacidad que tienen para que estas conflictividades no escalen a un nivel mayor.