Gobierno aprueba la contratación de estudio de abogados para defender al Estado ante el CIADI

Según resolución del MEF, el estudio Baker Botts LLP brindará asesoría en dos disputas internacionales.

El Gobierno, a través del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), publicó la R.M. Nº 146-2024-EF/43 mediante la cual aprobó la contratación del estudio de abogados Baker Botts LLP para que brinde asesoría jurídica al Estado peruano en disputas internacionales que son vistas en el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones).

Esta contratación tiene relación con el proceso de selección llevado a cabo por la Comisión Especial, en el marco de la Ley Nº 28933, Ley que establece el Sistema de Coordinación y Respuesta del Estado en Controversias Internacionales de Inversión. Normativamente, esta comisión debe solicitar la contratación del servicio de asesoría legal en el marco de las controversias internaciones.

Baker Botts LLP verá dos casos, uno relacionado al procedimiento de anulación parcial de laudo iniciado por Autopista del Norte S.A.C. (Caso CIADI Nº ARB/18/17), que tiene relación con el contrato de concesión de  los Tramos Viales de la Red Vial N°4: Pativilca - Santa –Trujillo y Puerto Salaverry. Como se sabe, en junio de 2022 CIADI sancionó a Perú por ocasionar daños y perjuicios a la empresa tras incumplir con la entrega de terrenos para efectuar trabajos en la concesión.

De igual manera, la contratación también busca que el estudio de abogados brinde el servicio de asesoría legal en el arbitraje internacional iniciado por Freeport-McMoRan Inc. contra el Perú (Caso CIADI Nº ARB/20/8). Este es un procedimiento de arbitraje iniciado por la minera de cobre más grande del Perú, Cerro Verde.

La discordia se origina por el pago de varios cientos de millones de soles en regalías que la SUNAT exige a la minera desde hace varios años. En 2018, el ente recaudador señaló que Cerro Verde tenía una deuda pendiente de S/1,100 millones por regalías no canceladas entre 2006 y 2011. La minera asegura que no tenía la obligación de pagar porque su contrato de estabilidad tributaria (1998) era anterior a la Ley de Regalías Mineras (2004).

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