El último domingo, el Ministerio de Trabajo y Promoción el Empleo (MTPE) modificó, a través del decreto supremo (DS) 014-2022-TR, el reglamento de la Ley de Relaciones Colectivas del Trabajo, generando incertidumbre y cuestionamientos por las consecuencias que traerían los cambios.
Ayer, los gremios empresariales que integran el Consejo Nacional de Trabajo (CNT) enviaron una carta al ministro del sector, Juan Lira Loayza, en la que manifiestan que la publicación del referido decreto les causa honda preocupación porque desconoce de manera directa el compromiso del MTPE, según el cual no efectuaría, de manera unilateral, modificaciones normativas vinculadas a los temas incorporados en el Anteproyecto del Código de Trabajo, porque serían sometidas al diálogo socio-laboral en el seno del CNT.
Por ello, decidieron suspender su participación en este espacio de diálogo tripartito mientras no se deroguen los reglamentos que modifican las normas vinculadas a la tercerización laboral y a la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo.
PRINCIPALES CRÍTICAS
Según expertos, el referido DS presenta problemas de legitimidad, de fondo y no contempla la actual situación del mercado laboral peruano.
Los problemas de legitimidad radican en que, tal como lo advierten los gremios, el reglamento no ha sido debatido ni aprobado en el CNT y es contrario a las normas de la Organización Internacional de Trabajo (OIT); por ejemplo, cuando se refiere que solo el sindicato puede ir a un arbitraje y no la empresa. Además impide al empleador extender los beneficios de una negociación colectiva sin permiso del sindicato.
A nivel de la situación del empleo en el país, no considera que el COVID-19 erosionó el empleo formal y que el reglamento en sí no permitirá reducir la informalidad, que actualmente está por arriba de los niveles prepandemia.
Finalmente, ignora que en el país ya hay un marco jurídico de protección para la negociación colectiva, la sindicalización y la huelga. Y ello va de la mano con el hecho de legalizar y promover huelgas como la que adoptaron los controladores aéreos, que primó, para ellos, por arriba del derecho de tránsito de miles de viajeros.
Para el laboralista Jorge Toyama, otro de los puntos cuestionables de la norma es que si un trabajador prefiere laborar en lugar de hacer huelga y marchar con el sindicato, no podrá hacerlo. “Esta persona puede quedarse en su casa, o ir a la marcha, pero no puede ir a trabajar”, comentó y añadió que bajo las nuevas reglas “lo más importante” siempre será la huelga, incluso por encima de los derechos laborales.
Añadió que ahora será más fácil que se lleven a cabo paralizaciones como la de los controladores aéreos que se dio durante Semana Santa, que afectó al turismo. “Las huelgas podrían ser por cualquier razón, incluso por apoyar a otro sindicato o al gobierno de turno. Todo esto incluso deslegitimiza al gobierno”, comentó.
Para Toyama, el Congreso puede derogar el decreto del Ejecutivo y agregó que también se podría presentar una acción de amparo.
“Esta norma está encaminándose a convertirse en la segunda más cuestionada legalmente. La primera es la que limita la tercerización”, añadió.
Por otro lado, IPAE Asociación Empresarial también se pronunció en contra de la iniciativa del Ejecutivo y cuestionó que no haya presentado la propuesta al CNT.
“Este proceder, profundiza la desconfianza del sector privado y ralentiza la inversión necesaria para la reactivación económica y la generación de empleo”, aseguró que la modificación atenta contra más de 13 millones de peruanos con empleos informales.