Falta de liderazgo del gobierno central y renuencia del GRA para destrabar obras generó que la concesionaria enviara ayer una carta en la que anuncia su salida. El Ejecutivo aún puede evitar que Arequipa pierda la oportunidad de crear 100 mil empleos.
Falta de liderazgo del gobierno central y renuencia del GRA para destrabar obras generó que la concesionaria enviara ayer una carta en la que anuncia su salida. El Ejecutivo aún puede evitar que Arequipa pierda la oportunidad de crear 100 mil empleos.

está a pocos días de perder la oportunidad de crear cerca de 100 mil empleos y uno de los mayores megaproyectos de irrigación de la historia reciente y el más importante de la región: .

El problema para la región es que la falta de consenso entre el Gobierno Regional de Arequipa (GRA) y el Gobierno Central, además de la ausencia de liderazgo de este, no ha permitido destrabar el proyecto en 10 años de vigencia del contrato.

La falta de proactividad y celeridad de las autoridades del Ejecutivo y arequipeñas tampoco ha hecho posible que la empresa a cargo, Concesionaria Angostura Siguas (del Grupo Cobra, de capitales españoles) obtenga el respaldo y las garantías del Estado ante entidades crediticias para conseguir un financiamiento que permita las modificaciones tecnológicas necesarias. Todo ello, según supo Perú21, ha desembocado en la decisión de la empresa, cansada de esperar tanto, de retirarse del proyecto e iniciar el proceso de caducidad contemplado en el contrato.

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Por ello, la concesionaria envió ayer una carta al gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, y a los titulares de los ministerios de Economía y Finanzas (MEF), María Antonieta Alva, y de Agricultura y Riego (Minagri), Jorge Montenegro.

En esta, la compañía explica que comenzará el proceso de resolución del contrato. La decisión fue tomada luego de que los constantes incumplimientos del Estado generasen una prolongada suspensión de las obligaciones contractuales que comenzó en junio de 2015 y se ha extendido hasta la actualidad.

Luego de haberse prorrogado la suspensión de las obligaciones ocho veces, la compañía decidió no continuar con el proyecto.

Uno de los efectos de los incumplimientos por parte del es que, hasta el momento, la empresa ha sufrido pérdidas por aproximadamente US$66.9 millones.

Parte de las pérdidas se relacionan con los recursos que se ven obligados a usar para dar mantenimiento a la maquinaria paralizada, como una de las tuneladoras usadas en este proyecto de irrigación de 38,500 hectáreas (ha).

Acuerdos de la discordia

Desde que el contrato de concesión fue suscrito, en diciembre de 2010, se firmaron varias adendas por diversos motivos. Sin embargo, es la modificación del contrato, acordada en abril de 2015, la última versión del acuerdo que rige hasta la actualidad.

El problema fue que, a fines de ese mismo año, las autoridades del Gobierno Regional, del MEF y del Minagri no lograron cumplir con las obligaciones contractuales que incluían la entrega del control del proyecto, la aprobación de expedientes técnicos y desembolsos, y de optimizaciones y otros elementos adicionales.

Por ello, desde entonces la concesionaria y los funcionarios acordaron suspender en varias ocasiones las obligaciones para permitir que el Estado cumpla.

Dos años después, en agosto de 2017, la concesionaria y las referidas autoridades firmaron una nueva acta sobre acuerdos relacionados con el cofinanciamiento, la extensión del periodo inicial y la necesidad de suscribir una nueva adenda, que sería la famosa Adenda 13, que aún no ha sido firmada por falta de liderazgo del y la renuencia de la región. En esta adenda se incluiría una serie de cambios en la tecnología de irrigación que eran necesarios debido al significativo paso del tiempo e implicaría una inversión adicional de US$104 millones asumidos por la empresa, que elevaría el costo total a US$654.4 millones.

La última y octava prórroga de la suspensión de las obligaciones contractuales fue acordada en junio de 2020 a pedido del Estado, y se amplió el plazo hasta el 31 de octubre de este año. Una de las obligaciones a cumplir era la firma de la Adenda 13, algo que no ha sucedido pese a que habría un consenso entre el GRA y el Ejecutivo. ¿Cuál es el problema entonces?

Los recientes impasses para destrabar el proyecto radican en que la forma más rápida de ponerlo en marcha sería que el GRA entregue la titularidad de Majes Siguas II al Ejecutivo, a través del Minagri. Así, este dejaría Majes Siguas viabilizado y luego lo devolvería a la región. Ello permitiría, además, que el proyecto tenga casi automáticamente el respaldo del Estado que la concesionaria tanto necesita ante la banca para conseguir el crédito necesario para continuar las obras.

El gran problema es que hasta ahora ni el GRA de Cáceres Llica ha aceptado la propuesta del Poder Ejecutivo ni este ha tomado la iniciativa firme para salvar el proyecto y asumir el control provisional.

En la recta final

Pese a esta falta de proactividad del Ejecutivo y la irresponsabilidad del GRA para concretar la transferencia de la titularidad, el Estado aún tiene un corto plazo para actuar: Un poco más de 30 días, pues la última prórroga aún no vence.

Y si bien la concesionaria ya inició el proceso de resolución, nada impide que el Gobierno Central, con el presidente de la República a la cabeza, concrete un acuerdo con el Gobierno Regional que permita salvar el futuro agrícola de Arequipa y los 100 mil futuros empleos.

Tenga en cuenta

-Majes Siguas II significa una inversión de US$654.4 millones para Arequipa, según el Minagri, y la generación de 100 mil empleos, de acuerdo con estimaciones de la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa.

-La paralización del proyecto de irrigación genera que la región deje de ganar aproximadamente US$150 millones anuales, según el Movimiento Independiente Cívico Arequipa (Moinca).

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