El ministro de Energía y Minas, Francisco Ísmodes, dio a conocer los alcances que abordará la propuesta del Ejecutivo para actualizar la Ley General de Minería.
Durante su presentación en la Comisión de Energía y Minas del Congreso, justificó la renovación de la ley para garantizar competitividad y sostenibilidad en el sector minero.
"A pesar de los beneficios que la minería ha generado, los conflictos relacionados a ella son frecuentes, tanto por preocupaciones ambientales como por expectativas no satisfechas", subrayó.
"Como consecuencia tenemos operaciones y proyectos mineros afectados o demorados en su actividad y desarrollo, como por ejemplo Tía María. Esto se traduce en menores recursos para el país", añadió.
Para solucionar este problema expuso los puntos clave que tocará la propuesta anunciada por el presidente de la República, Martín Vizcarra, en su mensaje presidencial de 28 de julio.
En cuanto a los aspectos ambientales, se revisarán los alcances y elaboración de instrumentos de gestión ambiental; y el reforzamiento de normativa y prácticas de cierre de minas para asegurar sus resultados.
En el aspecto económico, se evaluará el adelanto del canon minero para dinamizar las inversiones públicas, así como la optimización y distribución de su uso, con un enfoque en planificación de desarrollo regional y territorial.
Para los aspectos sociales, la propuesta considera la presencia del Gobierno en las zonas donde se desarrolla la actividad minera, así como establecer líneas de base social, económica y de salud.
También se abordarán los compromisos sociales voluntarios y obligatorios; procesos de reclamos de comunidades; desarrollo profesional y técnico en zonas de influencia; y la promoción y desarrollo de proveedores de actividades económicas locales.
En cuanto a los aspectos laborales, se revisará las normativa sobre contratistas mineros; el aprovechamiento de tecnología y el fomento de su uso; así como la promoción de la innovación en el sector.
Por último, la propuesta busca mejorar los plazos y reducir la burocracia para mejorar la competitividad del sector. Además, contempla la definición de pautas para caracterización de pueblos indígenas, y la definición y aceptación a derechos colectivos en el proceso de consulta previa.