Exoneran del ISC a los combustibles: una medida cara y desesperada

La medida referida a los combustibles, que estará en vigencia hasta el 30 de junio de este año, también incluye al diésel B2, B5 y B20 con contenido de azufre menor o igual a 50 ppm, así como a las demás mezclas de diésel 2 con biodiésel b100.

Según adelantó el sábado, en Junín, el titular del Ministerio de Economía (MEF), Oscar Graham, la disposición le costaría al Estado S/250 millones al mes, los cuales dejarían de ser recaudados por la exoneración.

Si bien la disposición del Ejecutivo de exonerar del ISC a los combustibles serviría, según el presidente Pedro Castillo, para buscar “la tranquilidad y estabilidad social”, la realidad es que despertó una profunda preocupación en varios economistas y extitulares del MEF, pues podría terminar afectando la estabilidad fiscal del país en el mediano plazo.

El exjefe de la Sunat, Luis Alberto Arias Minaya, explicó que esta preocupación radica en que si bien el Perú atraviesa por un buen momento en cuanto a recaudación gracias al aumento de los precios internacionales de los metales (lo que produce mayor recaudación por la minería), ello tiene fecha de caducidad. Esto se debe que llegará un momento en el que los precios bajen y el país sienta el efecto.

“Deberíamos aprovechar dicho boom para que dichos ingresos permitan reducir deuda pública, generar ahorros, pero lo que se está haciendo es disminuir impuestos como reducir el ISC o enviar el proyecto de ley referido al IGV. Y es sabido que luego de que uno baja impuestos, es complicado volver a subirlos; políticamente eso no ocurre. Más aún en el actual contexto político de incertidumbre, en el que los gabinetes no duran, donde los ministros cambian rápidamente. Entonces, es probable que estas medidas se conviertan en permanentes, lo cual implica que una vez que el boom desaparezca venga con seguridad un ajuste fiscal”, advierte Arias Minaya.

En ese sentido también aseguró que es probable que la exoneración del ISC no llegue al consumidor, sino que termine beneficiando a Petroperú. “En el caso de los combustibles hay un oligopolio donde quien lidera la fijación de precios es la empresa estatal Petroperú. Lo que va a pasar es que van a aumentar los márgenes de Petroperú. Es más, el precio del petróleo se ha reducido 11% en las últimas dos semanas y ya debería estarse trasladando a los consumidores, pero no lo estamos viendo”, dijo.

El anuncio del gobierno también sería populista para el exministro de Economía, Alfredo Thorne, quien precisa que “es una medida muy efectiva para sacar titulares”, pero no para llegar a los hogares más pobres.

Una respuesta más eficiente, agregó Thorne, habría sido optar por medidas focalizadas en beneficio de hogares vulnerables, incluyendo bonos que en este caso sí podrían haber sido necesarios. Sin embargo, aclaró que el problema que se genera ahora es que se abre la puerta a una situación donde actores como los transportistas saben que pueden resolver reclamos por dicha vía.

“Lo que vamos a tener es otra ronda de movilizaciones, quizás ya no de los transportistas, sino de los industriales, y después podrán venir los mineros o los pescadores. Se debía beneficiar al de bajos ingresos, pero con esta medida el Gobierno se está tapando los ojos, pensando que va a aminorar las protestas. Lo que va a suceder es que la siguiente ola de reclamos va a ser muchísima más fuerte”, advirtió Thorne.

El sábado, el ministro Graham anunció que esta semana se aprobaría un proyecto de ley en el Consejo de Ministros para exonerar del IGV a algunos alimentos importantes para la canasta familiar como los fideos, las harinas y el pollo.

El aumento del sueldo mínimo a S/1,025 (10.2%) ocasionó la preocupación de diversos gremios empresariales.

La Cámara de Comercio de Lima (CCL) advirtió que el incremento podría generar desempleo e informalidad, pues sería difícil de asumir para los pequeños negocios. Para el gremio, además, la decisión fue tomada “entre gallos y medianoche, sin el debido análisis técnico por parte del Consejo Nacional del Trabajo (CNT)”. En ello coincidió el presidente de la Asociación de Bodegueros del Perú, Andrés Choy, que dijo a Perú21 que la medida fue “tomada a rajatabla” y que muestra “el desconocimiento de la ministra de Trabajo (Betssy Chavez) de cómo funciona el CNT, donde gremios y sindicatos deciden en consenso el alza de la RMV.