Con el objetivo de luchar contra las actividades ilegales de pesca, el Ejecutivo dispuso una serie de acciones de interdicción para hacer cumplir la normativa.
Estas medidas serán realizadas por el Ministerio Público, la Policía Nacional del Perú o la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (Dicapi), según corresponda.
Así lo decidió el gobierno, mediante decreto legislativo 1393, publicado hoy en el diario oficial El Peruano.
Según la norma, estas actividades (sin permiso o licencia) incluyen la instalación de infraestructura para construir embarcaciones; la misma construcción o modificación de una embarcación pesquera; levantar una planta de procesamiento o un muelle; extraer recursos del mar sin permiso; y la posesión de arte de pesca o equipo no autorizado, así como explosivos o sustancias tóxicas.
En general, las medidas comprenden el desguace, intervención, descerraje, clausura, destrucción o decomiso, según corresponda.
Además, para los pescadores en proceso de formalización no se aplica la medida de interdicción para la extracción de recursos hidrobiológicos.
Las acciones de interdicción son independientes a las acciones administrativas, civiles o penales originadas por la infracción.