Empleo: 80% de afectados por el decreto que limita la tercerización no sería recontratado

La firma reporta que, del total de trabajadores tercerizados, 115 mil verían que su contratación entra en conflicto con la nueva disposición del Gobierno. De ese grupo, el 80% no sería recontratado, pues, para varias empresas, el referido decreto incrementará los costos laborales si es que fuesen incorporados a la planilla. Esto es lo que revela el Sondeo Empresarial realizado por Apoyo Consultoría.

“La mayoría de las empresas no planea contratar a los trabajadores tercerizados que entran en conflicto con las nuevas restricciones. Esto probablemente asociado al hecho de que casi el 40% de las consultadas señaló que la norma generaría principalmente mayores costos laborales”, se lee en el informe de Apoyo.

Otro aspecto que también dio a conocer la encuesta es que el 82% de las empresas, es decir, ocho de cada 10, cuenta con trabajadores tercerizados y dos de cada tres compañías tienen personal bajo la misma modalidad que se vería afectado por la norma, pues su contratación estaría prohibida a través de este mecanismo.

A raíz de ello, la firma de consultoría prevé que un gran número de compañías tendrá que realizar modificaciones internas para poder cumplir con el decreto, aunque ello podría tener un impacto negativo en su capacidad productiva en muchos casos.

“Las restricciones las obligarían a hacer modificaciones organizacionales que implicarían pérdidas de eficiencia y mayores costos laborales. Incluso, en un contexto de desaceleración económica y ya elevados costos de insumos, algunas podrían no ser capaces de adaptarse y cerrar o pasar a la informalidad. Así, este menor valor agregado de las empresas se traduciría en un menor pago de impuestos, así como una menor repartición de utilidades y remuneraciones más bajas para sus trabajadores”, advierte Apoyo.

Además, el 30% de las firmas podría tener pérdidas de eficiencia en el proceso productivo y problemas logísticos.

Como solución, la consultora plantea derogar el referido decreto supremo, flexibilizar la regulación laboral y mejorar la fiscalización para así poder corregir los problemas de abuso de tercerización. A ello agrega la importancia de proponer medidas consensuadas en el Consejo Nacional del Trabajo (CNT), orientadas a lograr una mayor equidad entre los trabajadores.

Carlos Cadillo, abogado laboralista y socio del estudio Miranda & Amado, explica que la norma puede perjudicar la lucha contra la informalidad laboral, que hoy afecta a ocho de cada 10 peruanos.

“En los siguientes meses es importante hacer un cruce de cómo avanza la lucha contra la informalidad porque, si se estanca o incrementa, muy probablemente esta sea una de las causas (el DS 001-2022-TR). Por ello, se tiene que ir monitoreando, porque, si se emite una norma e impacta en el mercado formal, se debería tomar alguna medida”, aseveró.

-Al 22 de agosto existían entre 200 y 250 procesos admitidos con resolución favorable por el Indecopi y el Poder Judicial en contra del DS 001-2022-TR.

-El 21% eran denuncias por barreras burocráticas ante el Indecopi, el 12% acciones de amparo y el 1% demandas de acción popular.