¿De dónde sacamos dinero para tantas promesas?

A la vez, cobrar impuestos no puede convertirse en un acto de discriminación. Es fácil decir “las empresas grandes no pagan o evaden impuestos”, pero lo cierto es que la mayor cantidad de evasores no está en el sector de la gran empresa, sino en las medianas y pequeñas empresas que cruzan de la formalidad a la informalidad todos los días. Es decir, la recaudación de impuestos debe ser neutral. Los impuestos no deberían discriminar entre empresas grandes o pequeñas, empleados independientes o dependientes o distintos sectores económicos.

Finalmente, el sistema tributario debe ser eficiente, es decir, lograr el máximo de ingresos tributarios al menor costo posible y, para ello, también debe mostrar simplicidad, que todo ciudadano entienda y acepte el sistema y lo pueda cumplir rápidamente. Y para que suceda lo anterior, el sistema debe ser transparente. Es decir, detallar cómo se usarán los recursos que el Estado recauda de los contribuyentes. Claro, esto último no le toca a la Sunat. Pero la Sunat no es todo el sistema tributario. El sistema tributario incluye la recaudación y el uso de los recursos.

Ahora, ¿cuál es la situación del país en términos tributarios durante la pandemia? En el último mes de 2020, los ingresos tributarios del gobierno central ascendieron a S/9,373 millones, cifra que representó una caída de 3.1% en términos reales respecto a diciembre de 2019. Al final, en 2020 se recaudó un 17.4% menos que en 2019. El Estado dejó de recaudar un total de S/17,600 millones. Fueron los meses de abril y junio los peores, donde la recaudación cayó en 41.2% y 47.0%, respectivamente.

Ciertamente, la caída en la recaudación se debió a la cuarentena más dura del mundo, la nuestra, y a las medidas tomadas para enfrentar la pandemia que paralizaron gran parte del sistema productivo del país. Hoy el tema es cómo volver a incrementar la recaudación y poder satisfacer las amplias necesidades en salud pero también en educación y otros sectores. Y la solución pasa por reactivar la inversión privada.

Entonces, si vamos a escuchar a candidatos prometer gastar más dinero en programas y bonos; si vamos a escuchar a candidatos decir que aún hay dinero en las arcas del Estado, por lo menos, como contribuyentes, deberíamos pedirles que nos cuenten cómo van a reactivar la empresa, el trabajo. La inversión privada es la clave del progreso. Cuando existieron auges de inversión privada, no solo se crearon nuevos empleos y más bienes y servicios, también el Estado logró recaudar más para proveer de bienes públicos y otorgar transferencias directas a la población.

Varios candidatos presidenciales han dejado clara su posición sobre el necesario aumento del gasto del Estado para enfrentar las secuelas de la pandemia. No solo incremento en el sector salud y educación, dadas las obvias necesidades, sino también subsidios agrícolas, transferencias directas, créditos blandos, exoneraciones, etc. Sin embargo, poco dicen sobre cómo financiarán ese gasto.

Yonhy Lescano de Acción Popular y Verónika Mendoza han indicado que aplicarán políticas fiscales expansivas. Sin embargo, el gasto del Estado ya está muy por encima de lo que alcanza recaudar. El 2020 cerró con un déficit fiscal de 8.9% del PBI, la cifra más alta desde 1990; y la deuda pública se incrementó de 27% al 35% también del PBI.

Los candidatos deben volver a crear los incentivos para que la inversión privada se incremente a las tasas vistas en la primera década del 2000. Ese círculo virtuoso permitió que el déficit se reduzca y lleguemos a tener superávit (más del 3% del PBI en 2007) que no habíamos presentado en décadas.

El sistema tributario, aunque no es una causa del alto nivel de informalidad, debe estructurarse de tal manera que incentive la formalización. Al cierre de 2018, el INEI informaba que 72.4% de los ocupados eran informales. Si se separa por género, encontramos que la mujer es a la que más le impacta esta situación al presentar una tasa de 75.3% contra el 70.1% de los hombres. Para 2020, según estimados del mismo INEI, la tasa de informalidad afectará al 75.2% del total de ocupados. Es decir, se retorna a niveles de 2011.