Contraloría espera que Ejecutivo apruebe mañana el Decreto de Urgencia para reactivar obras paralizadas

Hasta julio de 2018, la Contraloría identificó 867 obras nacionales y regionales paralizadas, con un monto de inversión aproximado de S/ 16,870 millones.
La Contraloría General de la República envió una propuesta al Ejecutivo. (Foto: Andina)

La espera que mañana el Poder Ejecutivo apruebe el proyecto de Decreto de Urgencia para reactivar las obras paralizadas.

“Con ello se permitirá acabar con la frustración que tiene el pueblo de ver diversos proyectos de inversión que no han sido concluidos y están abandonados, que están a la espera de una solución”, señaló el contralor general Nelson Shack.

Recordó que la propuesta fue enviada al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), para su revisión y aprobación, lo cual se espera obtener, como se ha anunciado, mañana miércoles en la sesión de Consejo de Ministros.

Shack mencionó que hasta julio del 2018, la Contraloría identificó 867 obras nacionales y regionales paralizadas, con un monto de inversión aproximado de S/ 16,870 millones, aunque la cantidad de obras podría aumentar a 6,000 si se consideran las que tienen los diversos municipios del país.

La propuesta plantea la aplicación de un régimen excepcional que posibilite a las entidades públicas la culminación de obras paralizadas en sectores como salud, educación y saneamiento.

Además, se plantea la expansión del modelo de control concurrente a todo tipo de contratos a nivel nacional, para asegurar que los recursos públicos sean ejecutados cumpliendo con las normas y que los funcionarios actúen correctamente.

Asimismo, el proyecto de norma plantea elevar el estándar de transparencia en los arbitrajes y en la labor que realizan los árbitros. “Hay árbitros que trabajan para un estudio de abogados y el estudio es cliente de una firma. Eso se debe transparentar”, subrayó.

En el mismo sentido, señaló que la propuesta plantea mejorar la regulación de la labor de los supervisores de obra haciéndolos responsables solidarios de los incumplimientos del ejecutor, y estableciendo el deber de remitir una copia de sus informes a la Contraloría, porque hoy no están obligados a responder a los auditores.

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