La Contraloría General de la República realizó un operativo para verificar el buen uso del gasto público en los devengados entre el 17 de diciembre de 2018 y el 24 de enero de 2019 en un total de 479 unidades ejecutoras e identificó hechos que ponen en riesgo la integridad en el manejo de estos recursos públicos.
El operativo tuvo como objetivo el determinar si las entidades del sector público, durante el proceso de ejecución financiera del gasto público derivado de la etapa del devengado realizado en el 2018, cumplieron con la normativa aplicable y disposiciones internas vigentes; así como haber realizado previamente la recepción satisfactoria de los bienes, la prestación efectiva de los servicios, el cumplimiento contractual y el registro.
Este operativo se inició a fines del 2018, ya que se trata de un período en el que finaliza el año presupuestal y en ocasiones se comprometen recursos públicos sin cumplir las normas y requisitos para proceder a devengar, lo cual quedó evidenciado en los hallazgos de los auditores.
Según el informe elaborado por la Gerencia de Control Económico de la Contraloría General de la República, los montos relacionados con los riesgos identificados ascienden a S/457 millones.
Las entidades públicas intervenidas pertenecen a los sectores economía, trabajo, energía y minas, comercio exterior, defensa, justicia, social, cultura, transporte, comunicaciones, vivienda, construcción, saneamiento, agricultura, ambiente, educación, salud, gobiernos regionales, provinciales y locales.
Los resultados obtenidos en las 479 unidades ejecutoras fueron comunicados por los Órganos de Control Institucional (OCI) a los respectivos titulares, mediante la emisión de 451 informes de acción simultánea y 60 orientaciones de oficio, con el propósito de alertar a los funcionarios públicos de la existencia de situaciones que podrían afectar el buen uso del gasto público en la fase de devengado.
El informe del operativo denominado “Buen Uso del Gasto Público” también fue comunicado al Ministerio de Economía y Finanzas para que la Dirección General del Tesoro Público evalúe considerarlos en la implementación de políticas y normatividad sobre la fase del Gasto Devengado de las entidades públicas.
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