“Congreso hace control de precios por reconexión de servicios de telecomunicaciones”, sostiene AFIN

La Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN) expresa su preocupación y rechazo por la aprobación del proyecto de Ley N° 893-2021/CR que propone fijar cargos de reconexión tope de los servicios de telefonía móvil, fija, cable e internet. Para el gremio se trataría de un “peligroso control de precios”, debido a que vulnera la facultad que ejerce el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel).

Redacción PERÚ21

Fecha Actualización

09/05/2022 - 13:50

La Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN) expresa su preocupación y rechazo por la aprobación del proyecto de Ley N° 893-2021/CR que propone fijar cargos de reconexión tope de los servicios de telefonía móvil, fija, cable e internet. Para el gremio se trataría de un “peligroso control de precios”, debido a que vulnera la facultad que ejerce el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel).

“Consideramos que la iniciativa invade las funciones del Osiptel y viola el fundamento de regulación que señala claramente que el Estado solo puede intervenir cuando existe una falla en el mercado. En el caso de los servicios de telecomunicaciones, salvo en telefonía fija, hay plena competencia que ha sido reconocida por el mismo regulador y los sectores involucrados”, señala el comunicado.

En ese sentido, AFIN muestra su disconformidad con la aprobación de esta norma por parte del Congreso de la República, sin tener en cuenta las opiniones dirigidas a la Comisión de Defensa del Consumidor.

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“Se atenta contra el esquema de regulación en el país y llama poderosamente la atención que el Osiptel no haya hecho respetar su fuero técnico, pues el Poder Legislativo no es la instancia para regular tarifas, la cual es exclusiva de este organismo regulador. Esa es la base del esquema regulatorio del país”, sostiene la asociación.

Para el gremio se trataría de un quiebre del modelo regulatorio, además, de que marca un precedente negativo, más aún cuando se evalúa el ingreso del país a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

”El Congreso de la República, en especial la Comisión de Defensa del Consumidor, no es un regulador tarifario, por lo que solicitamos al Poder Ejecutivo formule la observación respectiva” finaliza el comunicado.