En el país solo 71 entidades de los tres niveles de gobierno cuentan con evaluación de riesgos de desastres y solo cuatro ministerios (entre ellos Ambiente, Cultura, Educación y Vivienda) han aprobado normativas y/o metodologías orientadas a la evaluación de riesgos en los servicios públicos, advirtió la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (Afin) en el marco de las lluvias por el ciclón Yaku.
“Asimismo, 41 de los 158 Sistemas de Alerta Temprana (SAT), de alcance comunitario, se encuentran inoperativos. Perú es un país con una variedad de peligros y amenazas de desastres naturales”, añadió el gremio.
En ese sentido, AFIN señaló que es necesario infraestructura resiliente, por ello es importante que, en cada proyecto, se evalúe un espectro de riesgos potenciales asociados al cambio climático y que se pueda elegir la mejor estrategia de gestión de riesgos, así como el mecanismo financiero para llevarlo a cabo.
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“La resiliencia de la infraestructura depende en gran parte, además, de su mantenimiento. El terremoto de Pisco en 2007 dejó daños directos en los sistemas de agua y saneamiento de Cañete, Chincha, Ica y Pisco, relacionados con la recuperación y retorno de operatividad que ascendieron a S/77.3 millones, cifra que podría haber sido 5.9 veces menor si las empresas prestadoras de servicios de saneamiento (EPS) hubieran realizado el mantenimiento constante de estos sistemas”, precisó AFIN.
Entre las principales dificultades para el desarrollo de acciones de gestión de riesgos, el gremio precisó que se encuentran las débiles capacidades del recurso humano en las entidades públicas, principalmente en gobiernos regionales y locales.
En ese sentido, aseguró que se requiere un cambio de enfoque en el despliegue de infraestructura apuntando hacia la resiliencia por encima de la optimización de costos y exhortó a las autoridades a implementar una hoja de ruta estratégica para ejecutar las inversiones necesarias, para lo cual destacó que es relevante la participación privada.