Alfredo Medrano, presidente de la Cámara de Comercio de La Libertad, señaló que el Estado peruano tendría que pagarle US$ 22 millones a la concesionaria Chavimochic para llegar a una conciliación y evitar un juicio.
En ese sentido, detalló que la concesionaria ha enviado una carta a los árbitros para solicitar, por última vez, una ampliación de 60 días, para que el Tribunal Arbitral Internacional no emita todavía el laudo.
“El Tribunal Arbitral Internacional aún no ha aceptado la prórroga de 60 días. Si se acepta esta extensión, serían 60 días que tendríamos para arreglar la adenda, pero si no la aceptan, se rompe automáticamente el contrato de la concesionaria con el Midagri y esto se va a judicializar, porque hay una demanda de US$ 120 millones”, dijo Medrano en una entrevista con Exitosa.
Agregó que si se judicializa, el proceso va a demorar entre cuatro y cinco años hasta que haya una respuesta. Y, durante ese tiempo, la obra quedaría trabada por todo lo que demore el juicio.
“Esto significaría una pérdida de US$ 2,000 millones por año que dejaría de exportar nuestra región (La Libertad), como viene sucediendo desde hace seis años atrás”, indicó.
Según Alfredo Medrano, el Estado tiene que pagarle US$ 22 millones a la concesionaria Chavimochic por un trabajo que realizó en el 2016 del avance de la construcción de la presa Palo Redondo.
“Este monto correspondería al adelanto de la presa, a nivel del 70%, que hasta ahora no se le ha pagado. La concesionaria solo exige esos US$ 22 millones y se allana”, precisó.
Cabe mencionar, que Chavimochic III viene paralizado desde el 2016, Odebrecht y Aenza (antes Graña y Montero) llevaron al Perú a un arbitraje, porque alegan que no se cumplió con el contrato.