Un debate se ha generado por la aprobación por insistencia de la norma que realiza modificaciones a la Ley Forestal y de Fauna Silvestre. Para un grupo de ambientalistas la norma representa un grave retroceso en la lucha contra la deforestación de la Amazonía, sin embargo, no toma en cuenta la realidad y problemática del sector.
Para entender el problema, partamos del hecho de que desde los años 70, el Estado a través de distintas políticas ha impulsado la ampliación de las áreas agrícolas. En algunos casos de forma desordenada como en la Amazonía.
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Con la pobreza que en esos años teníamos en el país, muchos migraron a la selva para dedicarse a la agricultura, incluso en sembríos ilegales de coca. Luego, a fin de darles legalidad y erradicar la hoja de coca, el Estado les entregó títulos de propiedad, dándoles café, cacao, palma aceitera y otros productos para producir.
La problemática
No obstante a lo anterior, la Ley Forestal previa a la modificación exigía que las actividades que están en curso debían realizar estudios de clasificación de suelos y que determinen si su tierra es agropecuaria o no.
A decir de Juan Manuel Benites, exministro de Agricultura y columnista de este diario, el artículo 38 de dicha norma señalaba que, si los estudios de suelo daban cuenta que áreas con árboles en pie eran agrícolas, se le podía pedir autorización al Estado para talar hasta el 70%. Mientras que, si las áreas que no tenían bosque y el suelo resultaba forestal, estas no se podían tocar. Con lo cual, se promovía la deforestación.
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Pero, las nuevas modificaciones aprobadas señalan que, a partir de su entrada en vigencia, los productores que tengan títulos de propiedad y que se dediquen a la agricultura sus áreas no serán consideradas como forestales. Mientras que las áreas que tengan bosque en pie no se tocarán.
Esto es importante, según Benites, porque en la actualidad, existen ocho millones de áreas deforestadas que se pueden poner en valor para la agricultura y evitar que se talen nuevas. En segundo lugar, es importante porque existe una nueva exigencia de la Unión Europea a los exportadores agrícolas sobre que los productos enviados no deben provenir de suelo forestal. Y en el Perú el café, cacao y otros productos de la Amazonía tiene su origen sobre este. Así, con la nueva norma, el Estado permite sanear esa situación.
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