El ministro de Economía y Finanzas, José Arista, consideró que el aporte a la AFP con una parte del IGV (aporte por consumo) planteado en la propuesta de reforma previsional del Congreso debe ser focalizado a un grupo reducido de contribuyentes sobre todo en donde existen bolsones de evasión.
Argumentó que de ser generalizado, ocasionaría demasiados problemas de control, debido a que podría conllevar a una “fábrica de boletas” de pago y a un problema de equidad, al beneficiar principalmente a las personas de mayores recursos que son sobre todo las que realizan sus compras en lugares formales, que brindan comprobantes de pago.
Como se recuerda, el proyecto propone como una de las fuentes de financiamiento de la pensión el aporte por consumo, que consiste en la contribución del 1% del valor de los comprobantes de pago emitidos cada año, con un tope de 12 UIT anuales.
Por otro lado, consideró que “las personas que han retirado dinero de sus AFP y deseen recibir una pensión mínima deberían al menos reponer el monto insoluto”.
Indicó que un séptimo retiro significaría la salida de S/27,000 millones, y que siete millones de afiliados se queden sin recursos en sus cuentas. No obstante, prefirió no adelantar cuál será la posición del Ejecutivo en caso el Pleno apruebe la iniciativa.
“Aún no me queda claro cuál es el objetivo de la política pública que define los retiros”, manifestó el economista senior en protección social del Banco Mundial, Ignacio Apella, durante un foro organizado por el Instituto Peruano de Economía (IPE).