El contrato aprobado por el Ministerio de Energía y Minas (MEM) entre la distribuidora Cálidda y las estaciones de servicio que expenden gas natural vehicular (GNV) en Lima y Callao, es lesivo y contrario a la política de Estado en materia de energía, señaló hoy el Comité de Gas Natural de la Asociación de Estaciones de Grifos y Estaciones de Servicio (AGESP).
El gremio indicó que el referido contrato —aprobado vía Resolución Directoral 075-2018– MEM/DGH— penaliza económicamente a los establecimientos que venden más GNV, pues no solamente deberá pagar el mayor consumo (como corresponde), sino que además un monto mucho mayor por un nuevo y ya anteriormente cancelado "derecho de conexión" a Cálidda.
"Dicha acción desalienta la expansión y suministro del GNV, tal como es la política del gobierno", refirió el Comité de Gas Natural de la AGESP.
El gremio indicó que este nuevo contrato otorga a Cálidda exclusivas ventajas económicas, pues le permite tener ingresos extraordinarios mediante la aprobación confiscatoria de los capitales de las estaciones de servicio, vulnerando principios jurídicos. Esto debido a que la Dirección General de Hidrocarburos interviene en temas que se encuentran bajo conocimiento del Poder Judicial; y por otro lado, modifica retroactivamente el contrato suscrito y vigente entre Cálidda y las más de 320 estaciones de servicio, sin opinión de estas últimas.
Corte de suministro
La AGESP sostuvo que algunos asociados ya han sido notificados por Cálidda en el sentido que de no suscribir oeste nuevo "modelo de contrato", se procedería a la terminación y corte de servicio del suministro.
El gremio dijo que esto motivaría un desabastecimiento del GNV en Lima y Callao, pues las estaciones no podrán atender a los miles de transportistas como taxis, colectivos, combis, buses y usuarios particulares que actualmente utilizan dicho combustible.
En ese sentido, la AGESP dijo que los funcionarios del MEM y Osinergmin serán responsables de un eventual de desabastecimiento del GNV en la capital. También indicó que se debe derogar la resolución que aprueba el contrato que perjudica a las estaciones de servicio.