Fue evasivo. El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, no respondió claramente si es que asistirá o no a la Comisión de Fiscalización cuando sea invitado a declarar por el caso Andrea Vidal.
«Toda la información que necesita la Comisión de Fiscalización y el Ministerio Público se está brindando con absoluta amplitud. Estamos a días de la inspección ocular, se le ha brindado todas las facilidades (a las autoridades), que como siempre he reiterado, el primer interesado en que esto se aclare somos nosotros. Y si asistiremos o no, aún no tenemos una invitación», dijo el titular del Congreso a Perù21.
Al ser consultado sobre si es que le pidió a su asesor Julio Talledo, que ordene a la jefa de Comunicación, Alejandra Aramayo, sacar un tuit en el que tergiversó información sobre el caso Andrea Vidal, dijo: «Como ya he señalado, son temas anecdótico. No está referido directamente al tema que usted señala. Lo concreto es que el Congreso hizo, en su momento…Yo ya dije que es un tema anecdótico».
SOTO NO ASISTIÓ EN ENERO
Como se recuerda, el antecesor de Eduardo Salhuana en su cargo, Alejandro Soto, no asistió a declarar el jueves 23 de enero último.
Soto tenía que responder si es su firma la que aparece junto al sello de la Presidencia del Legislativo en el proveído de la adenda del contrato de la amiga de Andrea Vidal.
El lunes 20, Soto anunció a este diario que no iba a asistir a declarar.
Este diario pudo conversar ese día sobre la firma y el sello de la Presidencia del Congreso que aparece en el proveído de la adenda del contrato de Isabel Cajo, la amiga de la asesinada extrabajadora de la Oficina Legal y Constitucional, Andrea Vidal, quien murió, en diciembre pasado, tras recibir siete impactos de bala.
«El sello dice ‘Presidencia’, que es una grande (oficina) con asesores y tres secretarias. No dice ‘Presidente’; por otra parte, en dicho documento no aparece ni mi firma ni mi rúbrica». Este es el argumento de defensa del expresidente del Congreso, Alejandro Soto, enviada a Perú21, en respuesta a esta pregunta: ¿Es su firma la que aparece en el proveído de la adenda del contrato de la amiga de Andrea Vidal, Isabel Cajo, autorizado en abril de 2024?
Esto es lo que tenía que responder en Fiscalización.
«Las cosas han cambiado; el vicepresidente de Fiscalización (Héctor Valer) ha denunciado penalmente (en la Fiscalía) a Burgos por usurpación de funciones; esa comisión está deslegitimada. Burgos no tiene facultad para investigar a un congresista. En ese sentido, voy a ver que están haciendo mis abogados y yo tomaré una decisión. Eso lo veré el lunes cuando retorne (del interior del país a Lima)», contestó Soto cuando le preguntamos a qué se debe de su desistimiento
No obstante, en la citada comisión, serán citados después todos los extrabajadores del despacho de la Presidencia, y tendrán que someter a un peritaje la citada firma para corroborar de quién es.
La adenda, como se recuerda, fue revelada por la congresista de Renovación Popular, Norma Yarrow.
En comunicación con Perú21, Soto ha señalado además que no conoce a Cajo y que tampoco se reunió con ella, durante 50 minutos, el 1 o el 2 de abril de 2024, en la previa o después de la firma de su contrato, tal como han publicado diversos medios de comunicación.
ALLEGADOS A APP FIRMARON CONTRATOS DE AMIGAS DE VIDAL
El pasado 31 de enero, Perú21 publicó que los nombres y las rúbricas de los exjefes de Recursos Humanos del Congreso, Haidy Figueroa, militante de Alianza Para el Progreso (APP), y Carlos Pais, vinculado empresarialmente a Richard Acuña, aparecen en los primeros contratos de la difunta abogada Andrea Vidal y de sus amigas Isabel Cajo y Alexandra Gil, cuando ingresaron a trabajar al Palacio Legislativo entre los años 2023 y 2024.
El contrato primigenio de la difunta abogada Andrea Vidal (27) —acribillada de siete balazos en diciembre último— se firmó el 6 de octubre de 2023, con un sueldo de S/8,212, y fue la primera de las tres amigas en incorporarse laboralmente al Parlamento.
El documento de Vidal lleva la rúbrica del entonces jefe de Recursos Humanos, Carlos Pais, antes de que pasara a ocupar el cargo de jefe de la Dirección General de Administración (DGA) del Legislativo.
En el texto de ese acuerdo laboral, se indica que la designación de la joven abogada fue para que brinde sus servicios como abogada en el Área de Defensa de las Leyes, y se realizó de acuerdo a una resolución de la Oficialía Mayor signada con el N.° 005-2023-2024-OM-CR, con fecha 7 de agosto de 2023.
Vidal obtuvo su segundo contrato el 29 de diciembre de 2023, en el que también aparece la rúbrica de Pais como jefe de RR.HH., y mantuvo su sueldo de S/8,212.
En esa fecha, dejó esa área y pasó a formar parte de la Oficina Legal y Constitucional, a cargo de Jorge Torres Saravia.
El 27 de marzo de 2024, Vidal consiguió la primera adenda de ese segundo contrato, que lleva la rúbrica de la entonces jefa de RR.HH., Ibeth Angulo Zavaleta.
Tres meses después, el 27 de junio de 2024, alcanzó la segunda adenda de su contrato, en el que se distingue la rúbrica de la nueva jefa de RR.HH., Haidy Figueroa, quien es militante de APP.
GIL Y CAJO ENTRARON JUNTAS
La bachiller en Derecho Alexandra Gil estampó su firma en su primer y único contrato el 5 de abril de 2024, con un sueldo de S/4,485. Esto, para que trabaje en el Área de Defensa de las Leyes.
La entonces titular de RR.HH., Haidy Figueroa, avaló con su rúbrica dicho contrato.
La designación de Gil se realizó, tal como indica el documento, a través de la resolución signada con el N.° 98-2023-2024-OM-CR, de fecha 1 de abril de 2024.
En la otra orilla, la contratación de Isabel Cajo se dio en esa misma fecha. Es decir, ambas firmaron su primer contrato el mismo día.
El 5 de abril de ese año, al igual que Gil, la joven bachiller de Administración de Negocios Internacionales de un instituto local firmó su primer contrato.
El acuerdo —firmado por la entonces jefa de Recursos Humanos, Haidy Figueroa— fue para que desempeñe funciones de técnico en el Área de Administración de Bienes, con un sueldo de S/4,485.
El 28 de junio de ese año, Cajo firmó la adenda de ese primer contrato para que se quede tres meses más.
Si bien la adenda también fue firmada por Figueroa, en el documento está escrito que dicho acuerdo se suscribió con un proveído de la Presidencia del Congreso, que en esa fecha estaba a cargo Alejandro Soto.
Soto ha dicho a este medio que no autorizó la adenda de ese contrato, y que no la conoce ni se ha reunido con ella.
El pasado 19 de este mes, esto fue lo que respondió Soto a Perú21 sobre una firma que aparece en el proveído de la adenda de Cajo que tiene el sello de Presidencia, y en el que aparece una firma, que podría ser la suya. “El sello dice ‘Presidencia’, que es una grande (oficina) con asesores y tres secretarias. No dice ‘Presidente’; por otra parte, en dicho documento no aparece ni mi firma ni mi rúbrica”.
LOS CV DE LAS AMIGAS
Perú21 también ha tenido acceso a los currículums vitae (CV) de Isabel Cajo y Alexandra Gil.
Vidal solo tenía título de abogada y recibía un sueldo de S/8,212.
Gil es bachiller en Derecho de la Universidad San Ignacio de Loyola, y su salario era de S/4,445.
Cajo, según su CV, es bachiller de Administración de Negocios del instituto Adex, y pasó de ganar S/4,485 a S/7 mil, cuando en octubre de 2024 pasó al despacho del congresista Edwin Martínez, en el que se habrían flexibilizado algunos requisitos, y estuvo hasta el 15 de enero de este año.
EVALÚAN INVITARLAS A DECLARAR
Perú21 dio a conocer que Isabel Cajo y Alexandra Gil no asistieron a declarar a la Comisión de Fiscalización del Congreso, y mostraron su total desinterés de colaborar en las investigaciones porque ni siquiera contestaron la invitación.
El titular de Fiscalización, Juan Burgos, dijo a este diario que lo más probable es que ambas sean invitadas a declarar cuando tengan sus facultades especiales de comisión investigadora.
Aquella vez, Cajo no asistió porque ¿estaría mintiendo por segunda vez?
Cajo, la amiga de la asesinada abogada Andrea Vidal y trabajadora del Congreso de la República, tuvo la oportunidad, en esa sesión que indaga el caso Andrea Vidal, de aclarar públicamente en la Comisión de Fiscalización, a la que fue invitada pero no asistió, al menos tres hechos confusos que recaen sobre ella.
El primero, es el presunto robo de su celular que sufrió, según denunció en la comisaría del distrito de Magdalena del Mar, el 27 de diciembre del año pasado, a las 8:10 p.m., cerca del cruce de los jirones Castilla y Comandante Espinar, cuando paseaba a su mascota.
Esto porque, según la referida municipalidad, las cámaras de seguridad de la zona no registraron que ese hecho haya ocurrido.
Cajo -quien trabaja actualmente en el despacho del congresista Edwin Martínez con un sueldo de más de S/ 7mil- dijo en esa denuncia policial que vivía en una casa de Villa Chosicana, en Chosica.
¿Por qué es importante esa información vertida por Cajo? Porque un día antes, el 26 de diciembre, policías de la comisaría de Chosica fueron a esa dirección que dio la joven, que aparece consignada en su DNI, para notificarle que estaba citada a declarar, el pasado 28 de diciembre, o sea dos días después, a la División de Homicidios de la Dirincri, como parte de las investigaciones del asesinato de Andrea Vidal, hecho ocurrido el 10 de diciembre.
Sin embargo, según indica el parte policial al que tuvo acceso Perú21, su primo hermano le contestó a los efectivos policiales que «ella (Isabel Cajo) no vive en dicha vivienda» y que «desconoce el lugar de su residencia y que solo se comunica en redes sociales».Pero, los efectivos de igual forma le dejaron a su primo la citación.
Este es el segundo hecho que Cajo debió contestar en la referida comisión y a los periodistas.
El tercer hecho confuso es, como ya lo hemos dado a conocer en este diario, si es que el expresidente del Congreso, Alejandro Soto, la recomendó para trabajar en el Congreso, y para que firme la adenda de su contrato en abril del año pasado.
¿QUÉ MÁS TENÍA QUE RESPONDER ISABEL CAJO?
Isabel Florencia Cajo Salvador nació el 13 de marzo de 1998. Tiene 26 años de edad.
Cajo fue amiga de Andrea Vidal, quien fue acribillada de siete balazos el pasado 9 de diciembre, en Santa Catalina, La Victoria, a bordo de un taxi, cuando retornaba a su domicilio.
El congresista no agrupado, Edwin Martínez, dijo en una reciente entrevista que Cajo trabaja en su despacho, pero que si bien presentó su carta de renuncia, todavía permanecerá 15 días más porque tenía trabajo por terminar.
Sin embargo, posee un sueldo de más de S/7,106, y tiene el cargo de técnico en el despacho de Martínez.
De acuerdo a la planilla del Parlamento, en abril de 2024 ingresó a trabajar al área de Administración de Bienes, con el cargo de técnico y el salario de S/4,738.
En junio pasó a laborar a la Oficina Legal y Constitucional, también como técnico, con el mismo sueldo.
En el mes de julio, su sueldo se incrementa a S/7,883.
Como se recuerda, el jefe de esa oficina era Jorge Luis Torres Saravia, el principal involucrado en el caso Andrea Vidal.
En octubre, pasa a la oficina del congresista Edwin Martínez con un salario de S/3,316. Pero, en noviembre su sueldo sube a S/7,106.
Perú21 ha revelado que en abril de este año, Cajo firmó una adenda de su contrato que contó con la autorización del entonces presidente del Congreso, Alejandro Soto.
Por eso, ella tendrá que responder si es que Soto la recomendó para ese puesto o quién lo hizo.
Esto, porque Soto ha señalado a este medio que no la conoce.
Sobre algunos informes periodísticos de que Soto se habría reunido con Cajo antes de que firme la adenda de contrato, durante 50 minutos, respondió que esa información no es verdadera.
Según las investigaciones, Cajo tenía una cuenta de Only Fans en la que posee videos de contenido íntimo.
En una entrevista que dio su amiga Alexandra Gil a Willax, señaló que era amiga de Vidal y Cajo, y que fueron juntas al hospital Dos de Mayo tras recibir los siete impactos de bala que, una semana después, le quitaron la vida.
Sobre estas vinculaciones con Andrea Vidal, su labor en el Congreso y si fue recomendada o no por Soto, tendrá que dar sus descargos en el Parlamento.
Otro hecho que tendrá que dar sus descargos es por el presunto robo de su celular que sufrió el pasado 27 de diciembre en Magdalena.
¿QUIÉN ES ALEXANDRA GIL Y QUÉ TENÍA QUE RESPONDER?
Lidia Alexandra Gil Ramírez nació el 19 de enero de 1998. Tiene 27 años de edad.
Según Sunedu y su CV publicado en esta nota, Gil solo tiene grado de bachiller en derecho por la universidad San Ignacio de Loyola.
De acuerdo a la planilla del Congreso, trabajó como técnico en el Área de Defensa de las Leyes, entre abril y mayo del 2024, con un sueldo de S/4,586.
Gil tuvo la oportunidad de ayudar a esclarecer el asesinato de su amiga, y decir todo lo que sabe sobre la presunta red de prostitución en el Congreso, pero la desaprovechó. La amiga de la asesinada abogada Andrea Vidal, Alexandra Gil, no asistió a declarar el viernes 24 de enero —al igual que Isabel Cajo— a la Comisión de Fiscalización del Parlamento.
Tal fue su desinterés que decidió marcharse el fin de semana, tal como ella misma ha publicado en sus redes sociales, a relajarse al parecer a la playa Señoritas, al sur de Lima.
Este incidente fue dado a conocer por Perú21.
Según dijo Gil en una entrevista a Willax, la oficina en la que trabajaba se encontraba en un despacho cercano a la Oficina Legal y Constitucional, a cargo de Jorge Torres Saravia.
Aunque, según ella, su área pertenecía a la Oficina Legal y Constitucional.
Gil señaló, en la misma entrevista, que Andrea Vidal le avisó de una vacante en el Congreso para ocupar dicha plaza.
La extrabajadora responderá, en un futuro, sobre su vinculación con Vidal y Torres Saravia.
El pasado 10 de diciembre, como se recuerda, Andrea Vidal fue acribillada con siete disparos de arma de fuego cuando viajaba en un taxi por aplicativo con dirección a la casa de sus padres en Santa Catalina, La Victoria. Una semana después, falleció.
SABÍA QUE
-Entre las dos primeras semanas de este mes se realizarán las nuevas sesiones extraordinarias de la Comisión de Fiscalización.
-En el 2017, Pais Vera fue apoderado de la empresa Negociaciones Rafaela SAC, en el que el hijo de César Acuña, presidente de APP, era director.
-Cajo y Gil volverían a ser invitadas a dar sus descargos.
-“El ministro del Interior debe ser citado al Congreso para que explique el avance de las investigaciones”, señaló el exjefe de Dircote, José Baella.
-“Con facultades especiales del Pleno, podremos realizar citaciones de grado y fuerza y levantar comunicaciones”, dijo el presidente del Congreso, Juan Burgos.
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