Negocio verde. En apenas cinco meses de gestión, la confianza entre los vecinos de San Isidro y su alcaldesa Nancy Vizurraga se empieza a marchitar. La situación se acentúa aún más luego de que un reciente informe de orientación de oficio, hecho por el Órgano de Control Interno de la Contraloría (OCI), confirmara que existieron irregularidades en una adjudicación directa valorizada en S/31′998,500.00 para el mantenimiento de áreas verdes del distrito. La burgomaestre tiene mucho por explicar.
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Perú21 accedió al documento que la OCI presento el último 15 de mayo. En sus hojas se advierte que la millonaria adjudicación directa a favor del Consorcio Green World presenta dos situaciones adversas “que ameritan la adopción de acciones para asegurar la continuidad del proceso y el logro de objetivos institucionales”.
Este diario informó —en su edición del domingo 14 de mayo— que la comuna impulsó una adjudicación directa argumentando la “urgencia” para el mantenimiento de las áreas verdes del distrito que lucen deslucidas y secas. Sin embargo, tras revisar la documentación de la licitación, la Contraloría determinó que no se acreditó fehacientemente “la necesidad urgente ni el saldo de prestaciones no ejecutadas”.
La Municipalidad de San Isidro justificó la adjudicación directa alegando que el Consorcio San Isidro abandonó sus funciones para el mantenimiento de áreas verdes, pero el nuevo contrato con el Consorcio Green World les cuesta más a los bolsillos de los vecinos del distrito.
“Al compararse con pagos mensuales del contrato primigenio del mismo servicio, se incrementa 25.25%, no obstante que las actividades de mantenimiento, equipamiento, personal y área objeto de mantenimiento son las mismas”, sentencia el informe.
PIDEN LA NULIDAD
Las regidoras Lily Morey y Esperanza Puig se sumaron al pedido del teniente alcalde Gustavo Reátegui para anular la adjudicación directa ante las observaciones y dudas sobre el proceso. “Todo ha sido muy extraño. Desde que hemos pedido información hasta que dieron la buena pro. Nunca nos han informado. Siempre nos dicen que eso no es nuestra competencia, que solo les atañe a la alcaldesa y a sus funcionarios”, reclamó Puig a Perú21.
“Para esta contratación directa hay dos caminos: la nulidad o la firma del contrato a pesar del informe de la Contraloría
El abogado Carlos Morán, especialista en contrataciones con el Estado, explicó que la alcaldesa Vizurraga y otros funcionarios de la municipalidad podrían afrontar un proceso administrativo. “Si se acreditó que no hay justificación para el contrato, estarían en un supuesto de sanción administrativa grave”, apuntó. Desde el municipio indicaron a este diario que aclararán a la OCI las observaciones detectadas. “Nos reafirmamos en haber llevado adelante un proceso transparente, abierto y dentro de las normas vigentes, tal y como ya hemos señalado públicamente”, replicaron. TE PUEDE INTERESAR:
