La Fiscalía no le cree a la presidenta

El silencio, primero, y versiones contradictorias, después, han alimentado las sospechas del Ministerio Público sobre la presidenta Dina Boluarte y el gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima. Para el fiscal supremo Hernán Mendoza los dos investigados cambiaron de versión sobre los relojes Rolex y la pulsera de oro que lució la mandataria y que habría “serios indicios de que estos bienes fueron entregados como beneficio”.

“Son las propias versiones dadas que nos llevan a un escenario de incredulidad”, señaló Mendoza durante la audiencia en la que el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria evaluó el pedido fiscal para que confirme la incautación de estos bienes.

Precisamente en esta audiencia, Humberto Abanto, el abogado de Oscorima, sorprendió al revelar ahora que dos de los relojes a punto de ser sometidos a la incautación fiscal, son de propiedad del hijo de la autoridad regional y solo uno es de su defendido. Una versión hasta ayer nueva y desconocida, y que abre la interrogante sobre porqué el pasado 10 de abril el abogado llevaría a la exhibición fiscal bienes ajenos a su patrocinado.

En dicha audiencia se dispuso la incautación de los bienes debido a estar involucradas en un hecho de investigación. No obstante, este requerimiento necesita la confirmación del Poder Judicial.

Así, la situación de la mandataria tras esta sospecha fiscal se complica sensiblemente, indicó a Perú21 el abogado penalista Andy Carrión.

“Las versiones contradictorias respecto a las joyas son elementos importantísimos que aportan a la confirmación de incautación de estos bienes, además de posibilitar la trazabilidad de las pertenencias. Todo esto va reafirmando la idea de un intercambio, es decir, “te regalo estas joyas y me derivas partidas. Aun así sea un préstamo se sigue configurando un delito de cohecho. La situación de Boluarte se complica por las contradicciones y omisiones de información”, explicó Carrión.